Contra la sociedad

La lógica jurídica de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es aparentemente impecable. Apoyados en que los delitos de corrupción de los funcionarios públicos prescriben a los diez años, han librado de responsabilidad a los funcionarios de los Gobiernos de Arena y sus socios. Esos funcionarios, limpios de polvo y paja, ya pueden respirar tranquilos y disfrutar complacidos del dinero extraído fraudulentamente de los fondos del Estado. Es poco probable que alguno sienta remordimientos por los servicios y las obras sociales que no se hicieron con ese dinero ni que este forme parte de la abultada deuda pública. Es una tontería no aprovechar las oportunidades. Más aún, cuando todos lo hacen. El dinero robado es para ellos una merecida recompensa por su astucia para burlar los pocos y débiles controles estatales.

Esta generosa amnistía para los corruptos de Arena se encuentra en la misma línea del intento de amnistiar a los criminales de guerra y de lesa humanidad. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con pocas y honrosas excepciones, han llevado a cabo un buen trabajo. Han pagado bien y cumplidamente a quienes los colocaron en los cómodos sillones que ocupan. No obstante, su lógica no es tan sólida como parece. Ciertamente, la letra de la Constitución establece la prescripción a los diez años, tal como arguyen los letrados. Pero, aparte que ese tiempo podría ampliarse si los magistrados estuvieran comprometidos con la honradez y el interés común, la burocracia se esmera en retrasar los procesos hasta que el plazo se agota y el delito prescribe. Los mismos magistrados paralizaron varios durante casi un año.

La incompetencia notoria presta una apreciable colaboración a las demoras deliberadas. Así, al final, el funcionario sospechoso sale bien librado del trance y la corrupción continúa campeando por sus fueros. Por lo general, los pocos procesos judiciales abiertos no están motivados por el respeto a la ley y el compromiso con la honradez, sino por razones espurias como intereses y venganzas de orden económico, político y personal. La discusión de los magistrados no muestra ninguna preocupación o interés por erradicar la corrupción, ni por sus devastadoras consecuencias financieras y sociales. La ética es una desconocida para los guardianes de la ley, que, de esa manera, con pocas excepciones, se vuelven cómplices de la corrupción.

Estos delitos prescriben porque la institucionalidad es deliberadamente enmarañada y débil. A pesar de ello, fiscales, jueces, magistrados, contadores y auditores se sienten cómodos con ella, pues facilita su trabajo. Su tarea no consiste en atajar la corrupción, sino en ganar tiempo hasta que llega la prescripción. Es cierto que los casos se acumulan y el personal capacitado escasea. Pero también lo es que no interesa disponer de funcionarios suficientes y capacitados, porque entonces los procesos serían expeditos y las condenas inevitables. Interesa mantener las apariencias de legalidad y honradez, o transparencia, como gustan decir en la actualidad. La institucionalidad jurídica es débil, esto es, incapaz de perseguir a los corruptos, porque así lo han decidido conscientemente todos los partidos políticos. Desde 1992, ninguno ha mostrado interés en fortalecerla e independizarla para cortar por lo sano con una perversión que desangra al Estado, impide mayor inversión social y niega los servicios básicos al pueblo.

Arena no debiera sorprenderse de su derrota electoral del 3 de febrero ni de ser percibido como un partido corrupto o de los millonarios, que se sirven del Estado para hacer fortuna. La libre competencia y el mercado libre es cuento para incautos. Sin el Estado, no pueden acumular. Rehúyen la competencia, prefieren el privilegio. Por lo general, son depredadores que actúan al amparo de diputados, fiscales, jueces y magistrados. El FMLN tampoco está libre de culpa. En una década, no hizo ningún esfuerzo serio para atajar la corrupción. Más aún, entre sus altos funcionarios hay corruptos. La sorpresa ante el señalamiento de la Corporación Reto del Milenio (Fomilenio II), que considera insuficiente el avance en honradez, es farisaica. Si el pueblo pobre fuera su razón de ser, los Gobiernos del FMLN debieran haberse distinguido por perseguir la corrupción, comenzando por los propios para luego seguir con los demás. Si la institucionalidad jurídica no cambia radicalmente, cuando llegue el tiempo oportuno, estos funcionarios también serán amnistiados por los magistrados de turno.

El dinero apropiado fraudulentamente por los corruptos es inversión social no realizada, negación de servicios básicos a una población muy necesitada de ellos, obstáculo para crear empleo y dinamizar la actividad económica, y fuente de violencia y de emigración masiva. Así, pues, el impacto negativo de la corrupción no cae solo sobre las mayorías, sino también sobre la estructura social y económica. En el corto plazo, beneficia grandemente a los corruptos; pero a mediano y largo plazo, ese beneficio se transforma en maleficio para toda la sociedad. La corrupción no es únicamente un delito financiero, tiene también gravísimas consecuencias sociales, las cuales debieran ser argumento suficiente para perseguir a los corruptos implacablemente.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.