Cuatro pruebas para el Gobierno

Durante 2020, un año preelectoral, cuatro temas pondrán a prueba la voluntad del Gobierno de actuar en función de los intereses de las mayorías, no de las élites. En materia medio ambiental, no pueden demorar más el reconocimiento constitucional del agua como derecho humano y la aprobación de una ley general de aguas. Por supuesto, aprobar leyes no es potestad del Ejecutivo, pero ya que la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático dijo el año pasado que los legisladores esperarían la llegada del nuevo Gobierno para discutir la ley, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene abierta la puerta para hacer uso de su iniciativa de ley. Una primera señal importante a este respecto será la actuación del Ejecutivo ante el proyecto urbanístico Ciudad Valle El Ángel, al que se oponen comunidades, organizaciones sociales, comunitarias y eclesiales.

En segundo lugar, sigue pendiente la implementación de una verdadera reforma al sistema de pensiones. Esta debe hacerse no solo porque fue una promesa del Nayib Bukele candidato, sino también, y antes que nada, porque es una grave injusticia que los jubilados reciban una pensión que los condena a la miseria. El Ejecutivo debe impulsar en 2020 una reforma de ley no enfocada en el beneficio de la empresa privada o de las finanzas del Estado, sino en la dignidad de los pensionados. Por otra parte, este tiene que ser también el año de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante la guerra. Como dice el informe preliminar de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país, han pasado demasiados años desde el fin de la guerra y las víctimas tienen ya una edad muy avanzada. En otras palabras, queda poco tiempo para que obtengan lo que por derecho es suyo. Por ello, urge una ley de reconciliación basada en la verdad, la justicia y la dignificación de quienes han sido humillados e ignorados hasta hoy.

Finalmente, en materia de seguridad pública, este año debería ser el de la publicación del contenido del Plan de Control Territorial. Es buena noticia que la tasa de homicidios haya disminuido de manera clara y continuada en 2019, pero este hecho contrasta con una alarmante alza de las desapariciones. Es inevitable hacerse preguntas. ¿La disminución de los homicidios se debe a la eficacia del Plan o a factores que aún no son conocidos? Si es efecto del Plan, ¿por qué ha aumentado el número de desaparecidos al punto que hoy superan a los homicidios? ¿Por qué el principal vocero del Plan es el ministro de Defensa Nacional cuando la Constitución no le asigna esa función ni tiene la formación adecuada para ejercerla? En la práctica, ¿es el Ejército el responsable de la seguridad ciudadana, como lo fue durante la guerra civil?

Estas son solo cuatro dimensiones de la realidad nacional en las que el Gobierno dará prueba de sus prioridades. Frente a ellas, la población tiene la responsabilidad no solo de mantenerse expectante, sino de exigir que se cumplan las promesas de campaña y que se actúe para el bien de la mayoría.