De espaldas a la población

Sin duda el centro de la opinión pública en los últimos días ha sido el anuncio y la consecuente aprobación exprés del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador. También ha captado la atención de mucha gente el anuncio del presidente Bukele sobre la presentación de su propuesta de Ley del Agua en la presente semana. Ambas noticias tienen en común que, a pesar de su trascendencia, son iniciativas inconsultas surgidas de la voluntad de la presidencia sin que la población las conozca, lo que las pone a tono con el actual estilo de gobernar. Sin embargo, una de las diferencias es que sobre el bitcóin la inmensa mayoría de la población sabe muy poco o nada. Sobre la Ley General de Aguas y sobre el derecho humano al agua la gente sabe mucho más. El argumento del presidente sigue siendo que “el pueblo lo quiere”, porque en su lógica el voto que le otorgó la mayoría de la población, primero a él y después a su partido, le da luz verde para hacer lo que quiera. Pero, aunque las mentes más irracionales confundan el apoyo a una propuesta de ley con el apoyo a su proponente, en los temas del bitcóin y del agua, este apoyo no debería darse por sentado.

Lo que prevalece con respecto al bitcóin es el desconocimiento y la incertidumbre. ¿Cómo manejar una moneda que no existe físicamente? ¿Cuáles son las aplicaciones digitales más confiables? ¿Cómo funciona un cajero bitcóin? ¿Dónde estarán? ¿Existirán casas de cambio? ¿Los salarios serán pagados en bitcóin como ha insinuado el ministro de trabajo? ¿Y las remesas? Todo este desconocimiento en la funcionalidad de la criptomoneda es un potencial caldo de cultivo para cualquier tipo de engaño y estafa para la población.

Lo que se conoce, en voz de los especialistas, es que, estrictamente hablando, el bitcóin no es una moneda, es decir, no es un medio de intercambio, sino un instrumento especulativo. Cada día, miles de personas en el mundo compran y venden criptomonedas con el único propósito de obtener ganancias por medio del incremento de su valor. Hay que entender al bitcóin como lo que es, un activo financiero, es decir, una inversión que puede generar ganancias a futuro pero que también puede causar pérdidas. De aquí se desprende una de las dos principales objeciones para esta mal llamada moneda: su alta volatilidad. En los últimos años, el bitcóin ha experimentado fluctuaciones increíbles y repentinas, que pueden ser hasta por miles de dólares. Por la mañana puede valer una cantidad y por la tarde puede valer mucho menos o mucho más. ¿Cómo será posible utilizar el bitcóin como medio de intercambio en una tienda del barrio si su valor cambia minuto a minuto? ¿Cómo se fijarán los precios? ¿Cómo puede un objeto digital que no tiene valor intrínseco ser medida de valor?

La otra gran objeción es que, con el devenir del tiempo, el bitcóin ha sido un medio seguro para invertir dinero mal habido, producto del narcotráfico, de los ciberdelitos y de la corrupción. Las cuentas en bitcóin no están a nombre de nadie, sino que están aseguradas por un número. El bitcóin no es rastreable. No deja huella. Si los expresidentes y exfuncionarios que hoy tienen problemas con la justicia hubieran invertido en bitcóins, hubiese sido imposible sustentar los señalamientos de corrupción que se les imputan. Igualmente pasaría si los actuales funcionarios llegaran a utilizar el bitcóin para lavar el  dinero que pudieran robarle al país. Sería imposible rastrearlos. En Colombia, los narcotraficantes utilizan el bitcóin para lavar su dinero. En China el gobierno prohibió a su sistema financiero ofrecer servicios con criptomonedas, mientras que Inglaterra evalúa la creación de su propia criptomoneda –el britcoin- pero deberá cumplir las normas sobre lavado de dinero que rigen a los actuales sistemas de pago digitales.

Que varios premios nobeles como Stiglitz, Krugman, Shiller y Tirole, consideren que el bitcóin es una burbuja financiera, es decir, una ilusión proclive a explotar y desaparecer, debería ser razón de peso para repensar esta decisión. Hay suficientes signos y argumentos para preocuparse por la decisión del presidente, aprobada por sus legisladores, que se han limitado a aprobar todo lo que les llega del Ejecutivo, sin mostrar ninguna capacidad de propuesta ni de criterio propio. Pensar que el bitcóin es el mecanismo “peer to peer” (de igual a igual a igual) que desplazará al dólar y que hará las relaciones económicas más horizontales, es cerrar los ojos a que los grandes corruptos y los que viven de la economía subterránea tienen en el bitcoin su paraíso financiero.

Además de todo lo anterior,y visto con mayor profundidad, la medida debería provocar preguntarse ¿A quién beneficia darle curso legal al bitcóin en El Salvador? ¿Quiénes usan este activo financiero? Al momento de escribir este texto, el bitcóin se cotiza en el mercado a $40,335.9. ¿Quién tiene acceso a esta criptomoneda? ¿Quiénes tendrán en el país la capacidad de obtener una moneda de 40 mil dólares? Si una familia salvadoreña recibe $300 dólares en una remesa, al cambio actual, significa que recibirá 0.74 porciones de un bitcóin. ¿Cómo hará una familia para comprar un dólar de tortillas? ¿Pagará 0.0025 de bitcóin? ¿Para qué le servirán los bitcóin a una familia promedio? Si la respuesta para no perder el valor adquisitivo de los salarios o de las remesas es hacer una conversión inmediata de bitcóin a dólares (comisión incluida por el cambio), entonces ¿Para qué se necesita la criptomoneda sino es para complicar la vida? El bitcóin es un instrumento especulativo para quien tiene suficiente dinero y quiere invertir arriesgándose a ganar o a perder. Es una inversión ideal para el dinero mal habido, cambiarlo por dólares y no ser controlado por nadie. La mayoría de salvadoreños no puede darse el lujo de arriesgar su salario o su remesa en una apuesta incierta. Pero el gobierno juega con el desconocimiento que hay entre la ciudadanía sobre los riesgos que implica la medida y con la esperanza que tienen en mejorar su situación económica. Es una apuesta que puede salir bien, pero como presagian los expertos, puede también hundir en la miseria al país y a las familias que ya viven en la precariedad. 

Con respecto al agua, la historia es otra. En el país, nada ha tenido más consenso social en los últimos años que reconocer al agua como un derecho humano. La mayoría de la población también sabe que el agua, en tanto derecho y bien público, debe ser gestionada por una institucionalidad estatal y no puede ser privatizada ni gestionada con fines de lucro. La participación ciudadana y el enfoque de cuenca son también condiciones que debe cumplir cualquier proyecto de ley general de aguas que pretenda beneficiar a toda la población. Si la Asamblea Legislativa sigue con la línea de no aprobar nada que no venga del presidente, pronto podrán darse el gusto de salir en la foto y reclamar la autoría de una ley de aguas. Siempre y cuando cumpla con los requisitos fundamentales anteriormente mencionados, se podrá decir que la ley aprobada es la que han exigido estos 15 años de lucha muchas organizaciones, cientos de comunidades y el movimiento social.

* Artículo publicado en el boletón Proceso N.° 49.