El país de las antinomias

El pasado fin de semana, uno de los periódicos de mayor circulación exhibía en su portada la cantidad de personas salvadoreñas detenidas en la Frontera Sur de Estados Unidos. De acuerdo con la nota, entre octubre de 2021 y marzo de 2022, alrededor de cincuenta mil salvadoreños se encuentran en tal situación. De esa cantidad, 8 mil 319 son menores de edad no acompañados. Por otra parte, durante la primera quincena de mayo también han circulado otras noticias que solo reafirman una realidad desalentadora. Por ejemplo, Bélgica y Reino Unido han modificado los requisitos para el pasaporte salvadoreño. Este último ha notificado la necesidad de presentar visa. Todo ello a raíz del notable incremento de solicitudes de asilo (703) registradas el año anterior. Y es que de acuerdo al “Barómetro de las Américas”, recientemente publicado, para el año 2021 un tercio de salvadoreños ha pensado emigrar. En otras palabras, casi uno de cada tres salvadoreños ha pensado en huir de El Salvador.

No es un secreto que el país deambula. No existe una dirección racional que beneficie a las mayorías empobrecidas. Una muestra de ello son los análisis que sostienen que el país se encuentra al borde de una debacle financiera. El deterioro en las calificaciones de riesgo y el desplome de la capacidad adquisitiva de las personas.  No obstante, desde Casa Presidencial se insiste en la estratagema del bitcóin. Se ofrece un paraíso de puertas abiertas (lujoso y superficial) a los inversionistas extranjeros mientras que, directa o indirectamente, expulsa a su gente. 

A casi dos meses del Estado de Excepción, los abusos y arbitrariedades se mantienen, ni que decir del respeto a los derechos humanos. No solo se conocen excesos al momento de la captura, sino violencia y muertes al interior de las cárceles. La desidia llega a tal punto que no existe una posición (ni una cifra) oficial sobre las personas privadas de libertad que han fallecido en el marco del régimen de Excepción. Como ya se ha dicho en diferentes espacios, esta situación ha permitido profundizar la vulnerabilidad de la población que vive en precariedad. Por otro lado, no es real que el exorbitante uso de la represión haya modificado las características de inseguridad en el país. En muchas zonas la extorsión se mantiene. En otras palabras, tanto el control territorial que ejercen los grupos criminales, como el poder político que han ido acumulando durante la última década, continúa. Esto último ha quedado demostrado en las últimas publicaciones del periódico digital El Faro.

Estas tres estampas son solo ejemplos de las contradicciones que conviven en la realidad nacional. Por supuesto que causa angustia la situación que atraviesa El Salvador en todas sus dimensiones. Pero el temor no se agota en la actual coyuntura. Igual o más preocupante es su devenir. Gobernar desde la mentira y la manipulación no solo es perverso, sino insostenible. Profundiza las injusticias y alimenta el poder de los sectores oscuros. De comprobarse las negociaciones turbias que sostiene la actual administración, los daños podrían ser hasta irreversibles. Sin afán de alarmismo, todas estas medidas están destinadas a convertir a El Salvador en una prisión para la mayoría de su población. Seguirán aumentando las víctimas de la zozobra, de la violencia estructural, política, social y de la corrupción. Pensar en El Salvador de 2023 o de los próximos años, proyectar a la sociedad bajo este ritmo y estás dinámicas de impunidad, no hace otra cosa que concebir un panorama sombrío. O se cambia el rumbo político o la mayor parte de la población no tendrá más salida que normalizar la miseria o exponer sus vidas para escapar de la violencia, de la falta de recursos naturales, entre otras. En fin, escapar de un régimen deshonesto e irresponsable.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 89.