No todo humo blanco es buena señal

El conflicto entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa ha demorado ya tanto en resolverse que probablemente lo que más se añore en estos momentos es ver salir humo blanco de las maratónicas reuniones entre los partidos políticos, mediadas por el presidente Funes. Sí, todos deseamos que este conflicto termine, pero su prolongada duración puede hacer que olvidemos lo que está en juego y, a fuerza de cansancio, se acepte una salida que quizá implique un retroceso democrático.

No debemos perder de vista cuál es la raíz que dio origen a este enfrentamiento. En el fondo, las sentencias dictadas por los cuatro magistrados de la Sala tuvieron la irreverencia de tocar las reglas del ejercicio del poder en el país. Las sentencias afectaron a los grandes poderes de El Salvador, acostumbrados a actuar y decidir en base a sus intereses e irrespetando el marco jurídico nacional, en especial las reglas de la democracia. En la historia nacional, el aparato de justicia, como otras instancias de toma de decisiones, ha sido controlado por los políticos. Y ha sido en base a fidelidades partidarias que se han nombrado magistrados. Las sentencias de la Sala marcaron un hito porque rompieron con esta dañina costumbre, al ejercer un control sobre el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, la Sala de lo Constitucional no ha hecho más que hacer real la independencia del sistema de justicia al romper con la tradición de estar sometido a los otros poderes del Estado.

Este cambio histórico en el ejercicio del poder convirtió a cuatro de los cinco magistrados de la Sala en diana de los partidos políticos, que definieron como fin primordial acabar con esta Sala de lo Constitucional. Y en esto estuvieron y están de acuerdo todos los partidos, incluso el mismo Presidente de la República. Buscan, por sobre todo, neutralizar su trabajo. No solo por las sentencias que ya dictaron, sino, además, por lo que pueden seguir haciendo. Recordemos que hay recursos de inconstitucionalidad pendientes, interpuestos contra el TLC, la dolarización, los nombramientos del Ministro de Justicia y Seguridad y del Director General de la Policía Nacional Civil. Por eso han intentado con uñas y dientes quitar de en medio a esta Sala de lo Constitucional. Primero lo intentaron con el decreto 743, impulsado por Arena, sancionado por el Presidente y que pretendía una inédita exigencia de unanimidad en las sentencias de inconstitucionalidad. Una astuta maniobra del partido tricolor dejó en evidencia que el FMLN también estaba en contra de la Sala, y desde entonces el partido de izquierda ha realizado el trabajo sucio que ha favorecido la imagen de Arena. Aunque, en el fondo, el partido de derecha también está en contra de la independencia de la Sala.

Después, manipularon las sentencias electorales, como el voto por persona y las candidaturas independientes, para quitarles gran parte de su potencial transformador. Intentaron neutralizar a la Sala eligiendo prematura y antiéticamente a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y trasladando a su Presidente a otra instancia del máximo órgano judicial. Y ante la declaración de inconstitucionalidad de estas elecciones, han recurrido a una Corte Centroamericana de Justicia venida a menos y sin credibilidad. Finalmente, ante la dificultad de atacar el trabajo independiente de la Sala, han recurrido al desprestigio personal de los magistrados, revelando supuestos favores solicitados por Florentín Meléndez o pidiendo la destitución de Rodolfo González por ejercer violencia psicológica contra su expareja. Es decir, han hecho todo con tal de quitar del camino a la actual conformación de la Sala.

Esta trayectoria de acción de los partidos hace pensar que el resultado de las ya muchas reuniones en Casa Presidencial tendrá como derrotero innegociable la neutralización de la Sala. No importa las personas que queden, lo que interesa es que los cuatro magistrados, aunque hayan sido elegidos para un período de 9 años, no sigan más tiempo juntos y dejen de dictar sentencias. Si esta suposición se hace realidad, estaríamos ante un verdadero y muy grave retroceso del proceso democrático en El Salvador, y de vuelta a la partidocracia de la que no podemos esperar más que lo mismo de siempre: corrupción, manipulación de las leyes y sordera ante las demandas del pueblo salvadoreño. Por eso debemos seguir con atención lo que salga de Casa Presidencial. Si el humo blanco trae la desarticulación de la Sala, será nefasta señal. Si, por el contrario, la solución que se encuentre supone un irrestricto respeto a las sentencias, entonces la labor mediadora del Presidente de la República habrá sido encomiable.