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Hablar de política fiscal parece ser un tema sólo para técnicos, en el que sólo cabe la opinión de los llamados especialistas o de los autodenominados "tanques de pensamiento" (calificativo exagerado para algunas instituciones salvadoreñas que así se conciben). Acá queremos hablar sobre este tema para todos los ciudadanos y ciudadanas que, en definitiva, no suelen opinar sobre los impuestos, pero sí pagarlos. Veamos la definición de tres conceptos en torno a los que se ha hablado en las últimas semanas.
La política fiscal es la política económica propia de las administraciones públicas, y tiene dos componentes básicos: la recaudación de recursos por medio de impuestos y la inversión de esos recursos (gasto público) para satisfacer las necesidades de la sociedad que son responsabilidad del Gobierno: estabilizar la economía y la producción, y distribuir los fondos públicos. Si el Gobierno tiene un gasto mayor a lo recaudado por medio de impuestos, se tiene un déficit fiscal. Este, si es grande y duradero, puede provocar inflación y reducir la inversión extranjera en el país. De ahí que la gestión gubernamental tiene la responsabilidad de recaudar lo necesario y administrar bien esos impuestos aumentando el bienestar de los contribuyentes.
Ahora bien, para que los impuestos sean justos, es decir, para que haya justicia fiscal, no sólo tienen que ser bien usados en beneficio de la colectividad, sino que la carga tributaria debe estar en consonancia con el nivel de ingresos. En otras palabras, quienes más ganan tienen que pagar una proporción mayor de sus ingresos. Este es el principio esencial de un sistema fiscal progresivo, propio de los países desarrollados, que se nos suelen poner como ejemplo a seguir.
Teóricamente hablando, la justicia fiscal está orientada a evitar un impacto negativo de los impuestos en los sectores más vulnerables. Una de las condiciones que podrían ponernos en ese camino es que paguen impuestos los que nunca lo han hecho y que, pese a ello, se benefician de los servicios y bienes públicos: los polizones fiscales, los evasores, los gorrones que disfrutan sin pagar de lo que otros contribuyen a financiar.
En el Plan de Nación se decía que queremos un país moderno, en el que todos los habitantes tengan cubiertas sus necesidades básicas; en el que se multipliquen y aseguren opciones de presente y de futuro para nuestros hijos e hijas. Un país en el que se desaten y aprovechen todas las energías individuales y colectivas de la población; un país en el que todos nos sintamos seguros y contribuyamos decididamente a vivir una cultura de honradez, responsabilidad, productividad, solidaridad, tolerancia, humanismo y respeto a las leyes.
En ese documento también se decía que para lograr un país con esas características es necesario tomar decisiones estratégicas y asumir compromisos. Y uno de esos compromisos ineludibles es la reforma fiscal, porque, en las circunstancias que vive el país, ningún Gobierno —independientemente de su orientación política— podrá cumplir adecuada y suficientemente sus roles y objetivos sin una política fiscal justa y eficiente.
La honradez en el gasto público y en la recaudación es algo fundamental en cualquier Estado con pretensiones democráticas; un valor con el que deberían comulgar los ciudadanos y empresas con pretensiones éticas. Y en tiempo de crisis, como el actual, es urgente ser justo y eficaz en materia fiscal. Ello pasa por una mejor distribución y uso del gasto público, y por estructurar un sistema fiscal progresivo (más impuestos directos) y menos regresivo (menos impuestos indirectos que afectan a los más pobres).
