Constitución líquida

En los países democráticos la Constitución se toma en serio. Generalmente, las Cartas Magnas se redactan en momentos importantes de la historia de su países. Para regular las relaciones entre los ciudadanos y los políticos, distribuyen el poder del Estado en tres sectores básicos, independientes uno del otro: legislativo, ejecutivo y judicial. El Salvador escribió su Constitución actual en un contexto de guerra y posteriormente la reformó para facilitar la participación ciudadana y el control del poder. Aunque quedaba mucho por hacer para perfeccionarla, no era un mal instrumento para defender derechos y mantener una cierta independencia de poderes. En la actualidad, con la reforma del artículo 248 de la Constitución, el oficialismo ha convertido la Carta Magna en un papel mojado al servicio del Ejecutivo.

En efecto, el artículo 248 regulaba las posibilidades de reforma constitucional. El primer paso era aprobar la reforma con la mitad más uno de los votos de los diputados. Y se exigía una segunda votación por parte de la siguiente Asamblea Legislativa, que debía ratificar la reforma con dos tercios de los votos de los legisladores. Así, se obligaba a separar en dos Asambleas la aprobación y se aumentaba el número de votos para dar por definitiva la reforma. En la actualidad, teniendo el oficialismo más de dos tercios de los diputados, es suficiente con que una misma Asamblea Legislativa apruebe en dos votaciones la reforma constitucional, pudiendo hacerlo incluso en un solo día. Se facilita así el cambio exprés de la Constitución, debilitando la seguridad jurídica e impidiendo que la ciudadanía dé su opinión e incida sobre cambios sustanciales para la convivencia.

De momento, la reforma se utilizará para sacar de la Constitución el artículo 210, que garantizaba la deuda política para fortalecer la independencia de los partidos. Pero el futuro queda en las manos de una Asamblea Legislativa totalmente dependiente del Ejecutivo, capaz de reescribir o eliminar cualquier artículo que incomode al mandatario. En otras palabras, la Asamblea ha cedido el poder absoluto a la Presidencia de la República, y ello, a la luz de los abusos cometidos durante el régimen de excepción, no augura nada bueno para los derechos de las personas. Si antes de esta reforma constitucional se consideraba que el sistema de gobierno de El Salvador era híbrido, por mezclar componentes democráticos con formas autoritarias de gestión, hoy se abre la puerta a la instauración de un régimen autoritario en toda regla.

El exceso de poder conduce a una especie de ebriedad del mando. Los grandes novelistas latinoamericanos han descrito con maestría la brutalidad y el desvarío a los que ha conducido el poder absoluto. Centroamérica, en particular, ha experimentado la violencia, locura y paranoia de múltiples dictadores. Más allá de cómo se utilice esta reforma orientada claramente al autoritarismo, es importante acudir a la historia y observar los resultados tanto para la gente que padeció los excesos del poder absoluto como para quienes lo ejercieron. Los pueblos sufrieron y la mayoría de dictadores terminaron hundidos en el desprecio ciudadano. Dialogar, reflexionar y escuchar razones es la única manera de evitar un futuro que presenta trazas claras de inestabilidad, confrontación y abuso.