A 85 años de la masacre de 1932, la población indígena continúa luchando por mantener y fortalecer su identidad; sigue anhelando la recuperación de sus tierras ancestrales y su soberanía productiva y alimentaria.
Entre 2015 y 2016, 33 instituciones del Estado gastaron más de 50 millones de dólares de los fondos públicos en la compra de seguros médicos privados para sus empleados.