En El Salvador, las personas con discapacidad enfrentan barreras, físicas, sociales, culturales y económicas que limitan su participación activa en las diferentes esferas de la vida social.
Pérdida de empleos, deudas y escasez en el hogar son algunos de los impactos directos del régimen de excepción en las familias de los capturados. A esto se suman enfermedades y graves afectaciones a la salud mental.
