Lucha por la legalidad

Días atrás se hizo público que un ciudadano presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que se invalide el nombramiento de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, elegidos en 2009. Los argumentos de la demanda son una supuesta actuación radical y discrecional de los magistrados, e irregularidades en el proceso que condujo a su designación.

Una cosa es clara: la independencia con la que hoy actúa la Sala de lo Constitucional representa para muchos sectores de poder fáctico del país una fuerte amenaza a su status quo y al sistema de privilegios del que han gozado impunemente en el pasado, lo que los ha llevado a emprender una guerra desde diferentes frentes. Esta batalla para socavar los esfuerzos por hacer valer el Estado de derecho se está librando tanto en el campo mediático, como en el campo político y legal. Incluso, no han faltado las amenazas directas contra la integridad de los cuatro magistrados. Y es que algunas de las más recientes resoluciones de la Sala de Constitucional han sentado un precedente histórico en el país, al resolver sobre disposiciones de orden constitucional que han afectado los intereses de grupos de poder y órganos de Estado que en el pasado han gozado de una fuerte capacidad de influencia en otras esferas del poder político. Hasta hace poco tiempo, bastaba una llamada telefónica de parte de algún personaje influyente en el país para que demandas interpuestas en la Corte Suprema de Justicia o procesos penales abiertos contra determinadas personas o empresas fueran archivados o resueltos a favor de los demandados.

Aunque formalmente El Salvador funciona bajo un sistema de gobierno republicano, regido por el principio de separación e independencia de poderes, históricamente el poder ha estado concentrado en pocas manos. En el plano fáctico, el órgano judicial ha estado fuertemente influenciado por el poder político de turno. Por su parte, el primer órgano del Estado ha legislado generalmente en función de sus propios intereses, o respondiendo a los de grupos de poder económico, sobrepasando en algunos casos los limites que establece la Constitución. Ello sin que el poder judicial haya regulado o limitado su actuación. Por lo general, la producción legislativa de las últimas décadas ha respondido a coyunturas, arreglos oscuros entre los partidos o a un análisis costo-beneficio que hacen previamente las cúpulas partidarias. Y aunque los grupos parlamentarios gastan importantes recursos del Estado en el pago de asesores legales, muchas de las leyes emitidas carecen de armonía jurídica o constitucional, lo que ha generado para el país importantes costos sociales e institucionales.

Lo anterior se torna obvio al pasar revista a las reformas, leyes transitorias o leyes especiales que en el ámbito penal han sido aprobadas en los últimos años por la Asamblea Legislativa, aun cuando muchas de ellas contravienen principios constitucionales. El populismo punitivo ha sido un recurso al que ha tendido a recurrir nuestra clase política para responder a la delincuencia como forma de ganar rentabilidad electoral. Diversas reformas y contrarreformas penales han sido aprobadas de forma irreflexiva, sin analizar las condiciones de su aplicación o el impacto posterior en la institucionalidad y el Estado de derecho. ¿Qué pasará en el campo penal cuando se presenten demandas que impugnen una serie de leyes o reformas que tienen visos de inconstitucionalidad? En diciembre de 2010, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la pena máxima de 75 años, por considerar que de hecho constituye una pena perpetua. ¿Qué ocurrirá con los cientos de privados de libertad que enfrentan penas incluso superiores a los 75 años de cárcel? Se adelanta, además, un nuevo alboroto ante la posible declaración de inconstitucionalidad de la Ley Especial contra el Crimen Organizado, que dio origen a la creación de los juzgados especializados, que en la práctica han conocido mayoritariamente casos de pandilleros, no delitos de cuello blanco o de estructuras del crimen organizado. ¿Cómo quedarán los miles de casos juzgados bajo esta ley?

En este contexto, se adelantan nuevas olas de ataques contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional, a quienes los medios, algunos políticos y sectores de poder están culpando de generar inseguridad jurídica o de favorecer a los delincuentes, cuando en realidad solo están haciendo valer el Estado de derecho y enmendando una serie de actuaciones arbitrarias de la Asamblea Legislativa y del propio Ejecutivo. La actuación firme, independiente y valiente de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional es un poderoso impulso a la democracia que hay que respaldar, en un país donde el imperio de la ley aún enfrenta graves amenazas.