La independencia judicial agoniza

La independencia judicial es base indispensable de la democracia. Pero en El Salvador pesan demasiado el dinero, las recomendaciones, el compadrazgo o el poder político sobre las decisiones de los jueces; tanto que la independencia judicial no se aprecia adecuadamente. Además, la lentitud de la justicia, el uso de un lenguaje poco comprensible en las sentencias, el escaso interés en las víctimas y en la reparación del daño sufrido, y la existencia de jueces corruptos hacen que mucha gente externalice de un modo generalizado su desafecto al sistema judicial. Y de ello se ha aprovechado el Gobierno de Bukele para ejecutar una serie de reformas y cambios que dañan directamente la independencia judicial.

El tema es grave, pues el Ejecutivo, que tiene en las democracias el monopolio de la fuerza, debe ser sujeto de control legal por parte de los jueces. La existencia de jueces sumisos a Casa Presidencial es tan peligrosa para la libertad de la ciudadanía como que haya jueces dóciles al poder del dinero. Solo los derechos básicos de las personas pueden considerarse absolutos. No así el poder estatal o político, pues esta está sujeto a la voluntad del pueblo soberano y al respeto de los derechos humanos. Así como en la tradición ética se solía decir que la corrupción de los mejores era la máxima corrupción posible, a nivel de principios jurídicos la máxima corrupción se da cuando se pierde la independencia judicial.

El Salvador experimenta una pérdida sistemática de independencia judicial desde el 1 de mayo de este año no solo por la destitución inconstitucional de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, sino por la facilidad con la que asumieron sus cargos los magistrados impuestos por el poder político. La ley de reforma judicial, la obligación de dimitir a los 60 años, los cambios arbitrarios de sede judicial y la elección de nuevos magistrados (seleccionados más por su indolencia ante las decisiones e intervenciones del poder que por su calidad académica y jurídica) profundizaron esa dinámica. Que también la Fiscalía esté dirigida por una persona al servicio del Ejecutivo acrecienta el temor de la posible manipulación de la ley contra sectores críticos. De hecho, ya se está criminalizando a defensores de derechos humanos.

En Don Quijote de la Mancha, el caballero andante aconseja a Sancho Panza, convertido en gobernador de una isla, diciéndole que si en algún momento se veía obligado a doblar la vara de la justicia, no lo hiciera “con el peso de la dádiva sino con el de la misericordia”. Nuestro poder judicial parece partidario si no de la dádiva, al menos de la obediencia al Ejecutivo, que hoy en día es el que regala o quita un puesto. Son pocos los jueces que advierten públicamente que la pérdida de independencia es lo peor que le puede pasar a la justicia. Cuando hay presión del poder político, muchos de ellos no tiene empacho en imponer penas por acusaciones inciertas. Cada vez hay menos duda de que algunos jueces, especialmente en las altas esferas, han cambiado su papel de funcionarios públicos independientes por el de empleados sumisos del poder político.