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En agosto, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial en Washington, emitirá el fallo en el que se determinará si el Estado salvadoreño debe pagar 250 millones de dólares a Pacific Rim/Oceana Gold. La demanda fue interpuesta por la empresa minera en 2009, cuando se le negó la licencia para extraer oro y plata en el municipio de San Isidro, Cabañas. A la fecha, el país ha gastado más de 12 millones de dólares en los recursos necesarios para su defensa.
En este contexto, el 7 de julio, en conferencia de prensa, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) dio a conocer los datos más relevantes sobre el caso y la demanda. En la actividad participaron Vidalina Morales, de la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (Cabañas); Yanira Cortez, procuradora adjunta para la Defensa del Medio Ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; Luis Parada, abogado defensor de El Salvador en el conflicto con Pacific Rim/Oceana Gold en el Ciadi; y Andrés McKinley, del Iudop.
En la conferencia se abordó, desde la perspectiva de los derechos humanos, el funcionamiento de la Fundación El Dorado (propiedad de Pacific Rim/Oceana Gold) en Cabañas. “La Fundación El Dorado no es una organización de desarrollo como plantean sus estatutos, sino la fachada de una empresa minera empecinada en explotar los bienes naturales de El Salvador contra la voluntad de su ciudadanía”, declaró Vidalina Morales. “Exigimos al Ministro de Gobernación y a la Directora del Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro que investiguen y tomen las medidas necesarias para suspender las operaciones de El Dorado en el departamento”, añadió.
En 2015, para darle voz a la población de las zonas potencialmente afectadas por proyectos mineros, el Iudop realizó el sondeo “Opiniones y percepciones hacia la minería metálica en El Salvador”. El estudio revela que el 79.5% de los entrevistados considera que El Salvador no tiene las condiciones para desarrollar la minería metálica; el 76% se expresa en desacuerdo con la apertura de proyectos mineros en los municipios donde reside; y el 77% cree que el Estado salvadoreño debe prohibir definitivamente esa industria.
Según la encuesta, entre los efectos negativos de la minería señalados por la población se encuentran la contaminación del agua (89.9%), tala de bosques y espacios verdes (88%), contaminación del aire (85.1%) y daños a la vida de los animales silvestres (79.1%).
El Iudop ha elaborado dos estudios sobre el tema; el primero, “Conocimientos y percepciones hacia la minería en zonas afectadas por la incursión minera”, se desarrolló en 2007.
