¿Cuándo el Instituto de Acceso a la Información Pública?

Mayo llegó sonriendo vestido de lluvia y trajo consigo muchas expectativas, no solo de buenas cosechas, sino de avances en la democratización del país. Una de ellas es la entrada en vigencia de una ley que fue recibida como buena noticia: la Ley de Acceso a la Información Pública. El camino recorrido por esta normativa ha estado lleno de obstáculos, como los tiene todo intento de democratización. Además de lo que costó llegar al proyecto de ley, una vez aprobado, el 2 de diciembre de 2010, el presidente Funes le hizo algunas observaciones que posteriormente fueron atendidas parcialmente por los legisladores. De acuerdo a lo establecido, la ley debía entrar en vigencia en mayo de 2011, un mes después de su publicación en el Diario Oficial; sin embargo, el presidente Funes solicitó que se pospusiera. Se argumento que el tiempo era muy corto y que era necesario contar con los recursos para construir la información que requiere la ley y crear el instituto que garantizaría el cumplimiento de las disposiciones. Se acordó, entonces, demorar la aplicación de la ley un año, tiempo estimado suficiente para realizar los reglamentos respectivos, gestionar recursos y para que el mandatario, a través de un proceso claramente definido, nombrara a los cinco comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Ha transcurrido un año e increíblemente la ley entra en vigencia sin que se hayan resuelto aquello por lo que se justificó posponerla. No se sabe de la existencia ni disponibilidad de recursos y no han sido nombrados los comisionados del ente rector que le dará consistencia a la ley. Que esta entre en vigencia sin tener el Instituto es el equivalente a contar con los dos equipos de futbol que disputarán un partido, pero no con el árbitro. Más de algún avispado apologeta de lo indefendible dirá que la inexistencia del Instituto no significa necesariamente la no aplicación de la ley. Pero, ¿quién aplicará las sanciones cuando no se cumpla con lo legislado? ¿A quién recurrir en caso de conflicto? Un pequeñísimo ejemplo es lo que ha sucedido con el Tribunal de Ética Gubernamental, cuyo trabajo se entrampó al no contar con su titular. ¿Qué esperar de una ley nueva que no cuenta con persona ni instancia alguna que garantice su aplicación?

Esta nueva ley obliga a toda instancia que maneja fondos públicos, administra recursos y bienes del Estado, o ejecuta actos de la administración pública en general a rendir cuentas al ciudadano que se lo solicite. Y establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información sin necesidad de justificar para qué la requiere. Por eso decimos que esta ley, conocida como ley de transparencia, es un paso más en la democratización del país; y, en ese sentido, el retraso en el nombramiento de los comisionados del Instituto es una tranca a la democracia. El mismo texto legal consigna que "la transparencia y el acceso a la información pública son condiciones básicas para una efectiva participación ciudadana, lo cual contribuye al fortalecimiento de las instituciones públicas, al mejoramiento de la calidad de la democracia y a la plena vigencia del Estado de derecho".

¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué aún no se ha nombrado a los comisionados? ¿Todavía faltan recursos? ¿No satisfizo la lista de candidatos? ¿No ha sido suficiente tiempo un año para preparar el camino? ¿O es que no se quiere transparentar la información a la población, como lo obliga la ley? Casa Presidencial, sin duda, será una de las instancias gubernamentales que más demandas de rendición de cuentas recibirá. ¿Por qué no se ha dicho nada? ¿No merece el pueblo salvadoreño una explicación por este retraso?