¿Está operando la meritocracia?

En el discurso de toma de posesión, el presidente Funes expresó firmemente que la composición de su gabinete se decidiría sobre la base de la meritocracia. Dijo, con particular énfasis, que en su gestión quedaría fuera el clientelismo político y que sería inmune al tráfico de influencias a favor de intereses particulares. En aquel momento, sus palabras fueron bien recibidas por diferentes actores que aspiran al fortalecimiento institucional del Estado y apuestan por la gobernabilidad democrática.

Como suele pasar en el ámbito político, desprenderse de prácticas arraigadas no es cosa fácil. La posición privilegiada del puesto de Mauricio Funes, el poder que emana de su posición, los arreglos partidarios, los intereses particulares y las dádivas concedidas a personas y sectores —nacionales e internacionales— que le apoyaron en el proceso de su candidatura pronto aparecieron en el escenario. Si bien es cierto que Funes se ha cuidado de contar con profesionales de alto nivel, también es cierto que ha nombrado a otros sin los suficientes méritos. Cualquier ciudadano o ciudadano diría que son gajes del oficio; sin embargo, por pequeña que sea esta práctica, le genera consecuencias nefastas al funcionamiento del aparato estatal.

Mucho se ha dicho también sobre la confianza como condición necesaria para la continuidad en estos cargos. El problema es que la ciudadanía sigue sin saber a ciencia cierta si esta confianza emana de la lealtad a Funes, al Gobierno y su plataforma programática, al partido oficial o, dependiendo de las circunstancias, a todas las anteriores. Si es a la persona de Funes, resultaría cuestionable la conducta ética de sus funcionarios si aceptan o se subordinan sin más a sus órdenes. Funes (como cualquier persona) también se equivoca en el ejercicio de su función presidencial y, dependiendo del ramo de que se trate, estas acciones afectan el trabajo de un ministerio o de una secretaría específica. Sin ética política y profesional se corre el riesgo de continuar debilitando la institucionalidad del Estado.

El presidente Funes aún está a tiempo de practicar el criterio de la meritocracia y de ejercer una ética política basada en la transparencia en la elección y permanencia de los diferentes cargos de su gabinete. En perspectiva, debe de aprender de las consecuencias que tendrá para su credibilidad y legitimidad es despido de la secretaria de Cultura, Breni Cuenca. El argumento de la "pérdida de confianza" dado a conocer a través de un comunicado de prensa no es suficiente, y es una mala señal y es incoherente con lo que ofreció en su discurso de toma de posesión. Así las cosas, la gobernabilidad democrática es solo un discurso bien intencionado.