150 millones

El presidente Saca ha anunciado que pedirá 150 millones de dólares para inversión en la Fuerza Armada Salvadoreña. Justo cuando falta menos de un mes para un cambio de Gobierno, esta petición suena a maniobra y trampa. Si el FMLN se opone, entra al Ejecutivo con un roce inicial con los militares; si acepta la petición, algunos de sus partidarios no dejarán de sentirse incómodos.

Y no es para menos. Evidentemente, mientras exista, al Ejército se le debe dar un presupuesto para que funcione con dignidad. El ideal es que Centroamérica fuera una zona desmilitarizada; somos la zona más pobre de América Latina, con fronteras bien definidas, sin posibilidades de guerras entre nosotros y con unos retos de desarrollo muy fuertes. No necesitamos ejércitos. Pero mientras esto no se dé, es lógico que la Fuerza Armada figure en el presupuesto. Sin embargo, en este momento de crisis económica, de amenazas contra la salud y de necesidad de hacer grandes inversiones contra la pobreza, conseguir 150 millones para la Fuerza Armada no tiene sentido. Al contrario, sería una acción irresponsable.

El Ministro de Salud ha caído en el ridículo: compara la preparación para la gripe que azota a México con la preparación para el estallido de una bomba atómica en El Salvador. En realidad, una enfermedad que nos amenaza se puede prevenir. El estallido de una bomba atómica es de momento tan irreal que es lógico que no invirtamos en ello. Además, no bastarían los 150 millones que se le quiere dar a los militares. Pero ese dinero sí podría servir para abastecernos de medicinas en los hospitales del Ministerio de Salud, proveer camas decentes para los enfermos y desarrollar una campaña preventiva adecuada.

Como serviría también para luchar eficazmente contra la desnutrición infantil, que todavía es una verdadera plaga en El Salvador; para reforzar y aumentar el complemento alimentario de sólo tres días que se da en las escuelas públicas de los municipios en pobreza; y para ampliar las raciones alimentarias a los niños de los mismos lugares que no reciben más que vitaminas entre los cero y los cinco años.

Evidentemente, el nuevo Gobierno tendrá que llevarse bien con la Fuerza Armada. No tiene sentido entrar en contraposición. Pero debe al mismo tiempo ser firme en sus prioridades y coherente en su pensamiento. Y la Fuerza Armada, que siempre presume de obediente y no deliberante, deberá corresponder con fidelidad y comprensión al nuevo Gobierno. Es lógico que las prioridades de inversión de éste se dirijan hacia los más pobres y no hacia instituciones que cuentan con una situación de relativo bienestar. Será lógico que refuerce algunos aspectos militares, como el de la vigilancia contra el narcotráfico, pero no a través de presupuestos extraordinarios, sino a través de una planificación normal presupuestaria. Pero también será lógico que el nuevo Gobierno escuche muchas de las reivindicaciones de la sociedad civil que piden que la Fuerza Armada retire de los cuarteles nombres, reconocimientos, imágenes o monumentos de figuras simbólicas de la crueldad de la guerra, como el coronel Monterrosa y otros. Que el Ejército continúe enviando gente a la Escuela de las Américas es intolerable. Allí se formaron muchos oficiales del batallón Atlacatl, ejecutor en repetidas ocasiones de crímenes de lesa humanidad. Y allí se han seguido enseñando durante un tiempo formas de tortura contra enemigos de guerra, o se ha tratado de reclutar como simpatizantes de la CIA, otra agencia torturadora, a militares que hacían allá sus cursos.

La nueva ley de acceso a la información pública debe dar la posibilidad de abrir los archivos militares para todos aquellos que buscan a sus parientes desaparecidos. Y la Fuerza Armada tiene que acostumbrarse a ver a los antiguos militares que violaron los derechos humanos no como miembros de la misma familia a los que hay que proteger, sino como personas que irrespetaron la Constitución cada vez que cometieron un crimen o ampararon a criminales. Ciertamente, hubo durante la guerra militares que vistieron con honor su uniforme, y no lo mancharon de sangre inocente. A esos puede honrar el Ejército si lo desea. Pero que honren a quienes aparecen en todos los informes de violaciones a derechos humanos es una vergüenza.

No es fácil para el Ejército enfrentarse con su propia historia, pero sería sanísimo para su propia institucionalidad. No será fácil tampoco para el nuevo Gobierno ayudar a la Fuerza Armada a salir de ese espíritu corporativista, cerrado y conservador, que defiende su propia historia como si fuera inmaculada. Pero es importante que lo haga para contribuir así al fortalecimiento de la democracia salvadoreña. Después de cumplir esa tarea se puede hablar de presupuestos. Antes de ello, seguiremos pensando que esos 150 millones no son más que una cáscara resbaladiza que se quiere poner en la ruta de entendimiento entre el nuevo Gobierno y la Fuerza Armada.