A 30 años de El Mozote

Se han cumplido 30 años de la masacre de El Mozote, la más impresionante de todas las masacres, con el asesinato de aproximadamente mil campesinos. Y dentro de ese número, ya infame de por sí, la masacre de 131 niños, recogidos y encerrados en el convento de la localidad, y a los que un loco (no hay otra palabra) ordenó asesinar a sangre fría. Impresiona ver las fotografías de los 131 esqueletos de niños menores de 12 años, recuperados tras la firma de los Acuerdos de Paz. Impacta ver el esqueleto de una mujer embarazada, en medio de los niños, con el esqueletito del feto de 8 meses que llevaba en su seno, reposando entre los huesos de su madre.

Cuando vamos a cumplir veinte años de los Acuerdos de Paz, bueno sería que se les hiciera un justo homenaje a estos niños y a sus parientes asesinados, así como a Rufina Amaya, ya fallecida, pero luchadora incansable por el establecimiento de la verdad en El Mozote. Su testimonio fue más eficaz para la paz que la buena voluntad de algunos de los que al final de la guerra firmaron los Acuerdos. Y fue más eficaz porque su palabra de denuncia horrorizó a muchos corazones, hizo que odiáramos la guerra y comprometió a muchas personas con las soluciones pacíficas del conflicto. Algunos de los jesuitas asesinados mencionaban que Rufina había sido una de las personas que más les había impresionado e impulsado a luchar con cuerpo y alma por la solución negociada y pacífica de la guerra.

Por primera vez se ha presentado en El Mozote, al conmemorarse los 30 años, un alto funcionario del Gobierno. El Ministro de Asuntos Exteriores pidió perdón en nombre del Estado por la masacre cometida y aprovechó para recordar que con anterioridad el presidente Funes había pedido perdón por los crímenes cometidos en general desde el poder estatal. Lo que falta es que, coherentes con su Presidente y comandante general, la Fuerza Armada pida públicamente perdón por los crímenes cometidos. Los militares actuales no pueden escudarse diciendo que fueron faltas particulares de algunos militares. Hubo una decisión durante muchos años, decisión institucional de la Fuerza Armada, de ocultar delitos, de ensalzar a personas que tuvieron responsabilidad con crímenes de lesa humanidad. Si se pide perdón desde las altas instancias del Gobierno en nombre del Estado, lo lógico es que la Tercera Brigada, situada en San Miguel, deje de honrar el nombre de Domingo Monterrosa públicamente. Pues independientemente de la responsabilidad que haya tenido en la masacre, era comandante del Batallón Atlacatl cuando este grupo militar de élite arrasó El Mozote. Y nunca investigó el crimen ni sometió a sus soldados u oficiales a los tribunales correspondientes.

Es tiempo de asumir el Informe de la Comisión de la Verdad, que hasta el momento es el estudio oficial, neutral y más importante sobre la violencia y crímenes perpetrados durante la guerra, y establecer tanto responsabilidades como peticiones de perdón concretas, con presencia de las víctimas, por parte de las instituciones implicadas en la comisión de los delitos. El rechazo del Informe fue total y masivo desde la institucionalidad de la Fuerza Armada. Ministro de Defensa, viceministros y la mayoría de los miembros del Estado Mayor y otros altos jefes aparecieron en la fotografía que encabeza el rechazo frontal al Informe. La Fuerza Armada, en lo que respecta a ella, debe asumir el contenido del documento, pedir perdón por los casos que en el mismo se mencionan, prometer públicamente un nunca más y tomar las providencias adecuadas para marginar nombres del culto público institucional. Debe, además, poner dicho Informe como lectura obligatoria en la Academia Militar, para que las nuevas generaciones de oficiales lleguen al servicio de la patria con una visión totalmente diferente de quienes ampararon operativos de tierra arrasada o asesinatos selectivos. Estos compromisos deben realizarlos en acto público, delante de su comandante general, como símbolo de su obediencia y sujeción al poder civil elegido por el pueblo salvadoreño.

Algunos comentaristas que repiten que la Fuerza Armada ha sido la institución del Estado que mejor cumplió con los Acuerdos de Paz consideran tal vez esta deuda como un detalle menor. En realidad, es un incumplimiento básico y rotundo a los Acuerdos, que al mismo tiempo que imponían la sujeción de la Fuerza Armada al poder civil, pedían que salieran inmediatamente del Ejército quienes fueran mencionados en los informes de la Comisión Ad hoc y de la Comisión de la Verdad. Y si ello no sucedió fue simple y sencillamente porque el poder civil, en aquel momento representado por el presidente Cristiani, no tenía el poder suficiente para exigirlo. Y los militares estaban claramente en contra de cumplir los mencionados compromisos.

Muchos ciudadanos esperaríamos que el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz zanjara esta deuda. No se puede construir la paz despreciando el dolor de víctimas inocentes, ni ensalzar vanamente unos Acuerdos que están tan incompletos en puntos esenciales de derechos humanos. El paso dado por el Ministro de Relaciones Exteriores no es malo, pero es claramente insuficiente. El próximo aniversario de los Acuerdos de Paz nos presenta una oportunidad para hacerles honor a los mismos, honrando al mismo tiempo, con las peticiones de perdón adecuadas y concretas, a las víctimas inocentes señaladas en el Informe de la Comisión de la Verdad.