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En El Salvador circulan de manera legal —es decir, registradas en el Ministerio de Defensa Nacional— al menos 216,517 armas de fuego. De estas, 7 de cada 10 pertenecen a particulares. A esta cantidad debe sumarse, desde luego, la cifra de armas que circulan de manera ilegal y que las autoridades no han logrado dimensionar.
Estos datos explican en parte la alta tasa de homicidios cometidos con arma de fuego en el país. Solo en 2009, los registros oficiales reportan 4 mil asesinatos. La sociedad salvadoreña está armada, y las armas no producen nada bueno, salvo una falsa sensación de seguridad.
Cuando las tareas de seguridad pública, obligación de los Estados, no logran garantizar los derechos y libertades de la población, esta tiende a buscar sus propios medios para obtenerlos. Ante la privatización de la seguridad, y la falta de regulación al respecto, es necesario que el Estado intervenga.
Por un lado, es urgente reforzar las estrategias de intervención, que incluyen no solo mayores recursos, sino mayor preparación técnica de los cuerpos legítimos de seguridad pública de inspiración civil. Por otro, se requiere de medidas como el desarme. Una sociedad armada hasta los dientes es indicativa de la fragilidad del tejido social, menoscabado cada día más mediante la violencia como interacción.
Mientras persista el negocio de las armas y la prestación privada de seguridad, la violencia y los homicidios seguirán siendo parte de la realidad del país. El debate al respecto por parte de los tomadores de decisión no avanza, justamente, porque afectaría intereses económicos. En juego están —más que vidas humanas— réditos económicos que dejarían de percibirse al prohibir la portación de armas entre civiles.
Tampoco avanza esta discusión porque persisten ideas falsas sobre las "personas honradas" que no usarían una pistola para asesinar, sino solo para defenderse y tener protección garantizada de su vida y patrimonio.
Para muchos salvadoreños y salvadoreñas, el registro de armas es una solución al problema, pues cumplen con los requisitos para su portación. Por ejemplo, un militar de alto rango ha declarado a los medios de comunicación que una sola arma ilegal que circule implica un problema grave. La mirada del funcionario se queda corta.
El problema de la portación de armas va más allá de la legalidad de las mismas; tiene que ver con la seguridad de todos y todas. Lo que hay que afirmar más bien es que una sola arma en manos civiles ya indica un problema grave, como justamente las altas tasas de homicidio lo revelan.
La salida más humana —y, por ello, menos rentable y con mayores costos políticos— es el desarme total de la sociedad salvadoreña; una demanda que desde hace años algunas organizaciones han abanderado y que denota un deseo por la pacificación. Voluntad política, como suele decirse, es el eslabón que hace falta para disminuir la persistencia de la violencia armada. Mientras no exista esta apuesta, el inventario oficial de armas seguirá creciendo, y las tasas de homicidio, aumentando.
