¿Cuán segura es la seguridad del modelo Bukele?

Obviamente, es total. Una segunda cuestión vinculada a la anterior es si el uso de la fuerza brutal, implacable e inhumana es la única forma de conseguirla. De nuevo, la respuesta obvia es afirmativa. La obviedad de estas respuestas depende de cómo se entiendan la seguridad y la inseguridad.

La disputa por el espacio del centro de la capital entre la informalidad y las fuerzas de seguridad que protegen las grandes inversiones del sector revela una profunda crisis de sobrevivencia. La concesión de una quincena de salario adicional a los trabajadores confirma la precariedad vital. El beneficio es cortoplacista e insuficiente. No incluye la informalidad ni el desempleo, que constituyen la mayor parte de la fuerza laboral.

El apremio por sobrevivir en condiciones adversas hace atractivas tanto la actividad criminal como la respuesta punitiva, incluso justiciera, sin importar cuán arbitraria pueda ser. Las minorías acomodadas, ajenas a las angustias del no tener qué comer, piden mano dura despiadada. Pero, muy a su pesar, esta no garantiza su seguridad. Los criminales se adaptan. La evolución del fenómeno de las pandillas así lo muestra. La violencia, una vez desatada, se reproduce.

La seguridad del modelo de Bukele es muy parcial. La estadística oficial de los homicidios no incluye formas de violencia como los feminicidios y las desapariciones, el abuso de poder y las violaciones, y la corrupción. Los responsables de la seguridad etiquetan como “terroristas” a los pandilleros y a los descontentos, mientras que a los corruptos los tratan con consideración. Según esto, la corrupción es diferente de la criminalidad, pero las dos están vinculadas. El régimen de excepción asimila lingüísticamente a los verdaderos delincuentes con los informales, los desempleados y los adversarios políticos para justificar la represión en nombre de “la seguridad ciudadana”.

El alcance de la seguridad de Bukele es también muy limitado. No protege la vida, la dignidad humana y el acceso a los medios de subsistencia, a pesar de estar amenazados por el desempleo, el hambre, las enfermedades, la pobreza y la crisis ambiental. La “seguridad ciudadana”, en sentido estricto, comprende las dimensiones personal, comunitaria, alimentaria, sanitaria, de género, económica, política y ambiental. La inundación de un complejo de viviendas, autorizado pese encontrarse en una zona de alto riesgo ambiental, es otra muestra de las limitaciones de la seguridad del régimen de Bukele.

En la práctica, el Estado es un factor determinante de la organización, la gestión y la reproducción de la violencia y de la expansión de la criminalidad, diferente a la de las pandillas, pero criminalidad, a fin de cuentas. En un primer momento, utilizó al ejército y a la policía militarizada para expulsar a los pandilleros de los espacios públicos. Concluida esa tarea, en vez de replegarlos, les asignó otra misión, una tan antigua como el mismo Estado salvadoreño: sostener y defender la dictadura de turno.

El Estado siempre ha hecho uso de la violencia pública con permisividad notable, incluso para los estándares latinoamericanos. En la primera mitad del siglo XX, el ejército sostuvo a la oligarquía agroexportadora. En la segunda, controló a la oposición social y política de forma cada vez más violenta, incluso organizando y dirigiendo grupos de exterminio. La tarea del ejército no ha sido defender la república, sino el capital, primero liberal y ahora neoliberal, y de paso, promover los intereses institucionales y personales de su cúpula. Estas actividades violentas nunca han sido condenadas, sino presentadas como “seguridad nacional”.

No es extraño, entonces, que, aun antes del surgimiento de las pandillas, la violencia social mostrara tasas elevadas. Incluso la tasa de homicidios era alta antes de la guerra civil. En la zona rural, el conflicto violento entre hombres armados con corvos, un arma defensiva aceptada, era común. En las zonas urbanas marginadas, donde se libraba una lucha feroz por la sobrevivencia, la violencia era cotidiana. Dicho de otra forma, las pandillas no son más que la expresión de una sociedad estructuralmente violenta.

El modelo de Bukele desconoce que la violencia forma parte de la configuración del Estado. Ignora que él mismo es producto de esa violencia. El Estado y el capital utilizan la violencia para conservar un orden que privilegia sus intereses. Simultáneamente, esta violencia primera se reproduce en otras violencias.

La fuerza es necesaria en algunas situaciones y siempre ejercida de forma comedida, pero no puede solucionar las crisis de sobrevivencia humana y ambiental. Es cierto, no hay Estado que no pueda con los criminales, como repite Bukele, pero si estos proliferan es porque aquel no cumple con su obligación primaria de velar por el bien común. El Estado es cómplice por partida doble: por no garantizar la seguridad ciudadana y por tolerar la criminalidad de los suyos.

Existe, pues, explicación del fenómeno de la violencia. Otra cosa es que, en lugar de buscarla, analizarla y repensar las políticas sociales, se prefiera mirar al cielo.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.