El derecho al agua y a la alimentación

En su sesión plenaria de este jueves, la Asamblea Legislativa aprobó por amplia mayoría (81 votos) una reforma constitucional que establece el derecho al agua y a la alimentación para todos los salvadoreños. Para que dicha reforma sea efectiva, deberá ser ratificada por la próxima legislatura. Esperamos que ello se haga realidad lo más pronto posible, pues consignar el derecho al agua y a la alimentación en la Carta Magna es un paso hacia la garantía de todo aquello que es fundamental para la vida humana. Más necesario aún en nuestro país debido a la grave escasez y la baja calidad del agua y los alimentos. En este sentido, es acertado que ese derecho haya sido consignado en la misma sección en que se aborda el derecho a la salud, pues tanto el agua como la alimentación tienen una incidencia directa sobre el bienestar físico de las personas. Con esta reforma, además, se responde a una demanda que por años han hecho las organizaciones sociales y que hasta este momento parecía que no eran escuchadas por los diputados.

Como sabemos, El Salvador tiene un serio problema de agua. No hay una política clara y definida acerca del recurso y su saneamiento. Fuentes oficiosas estiman que el 90% de los cuerpos superficiales de agua están contaminados, principalmente a causa de la descarga directa de aguas residuales en los ríos y quebradas. Debido a la deforestación y al cambio climático la disponibilidad de agua es cada vez menor, y de continuar la tendencia, en unos pocos años El Salvador entraría en lo que técnicamente se conoce como estrés hídrico. Esto significa que el agua que se requiere es mayor a la que está disponible y su uso se ve restringido por la baja calidad del líquido. Es urgente, pues, proteger los recursos hídricos del país para garantizar el suministro de agua potable a las generaciones futuras. Es por ello que las organizaciones sociales de carácter medioambiental vienen luchando desde hace años por la protección del derecho al agua y han presentado diferentes anteproyectos de ley del agua en la Asamblea Legislativa; anteproyectos que, a la fecha, no han prosperado. Se esperaría que con la aprobación de esta reforma constitucional estos documentos pasen a ser discutidos y se elabore y apruebe por fin una ley que regule el derecho al agua.

Y si el agua es un elemento vital, no menos importante es la alimentación de la población. Una población debidamente alimentada será sin duda más sana y con mayores posibilidades de desarrollo. En la actualidad, El Salvador es muy dependiente de la compra de alimentos en el exterior; muy lejos estamos de ser autosuficientes en materia alimenticia. La introducción de esta reforma constitucional es, por tanto, muy atinada. Casualmente, el lunes de esta misma semana el Frente Social Nuevo País presentó a la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social un anteproyecto de ley integral de soberanía alimentaria, que fue muy bien recibido por todos los miembros de la Comisión y que muy bien puede servir de base para la ley que regule el derecho a la alimentación que establecerá nuestra Constitución.

En definitiva, hay que felicitar a todas las fracciones legislativas que lograron ponerse de acuerdo para hacer efectiva la reforma constitucional, garantizar con ello dos derechos de gran importancia para toda la población y poner una base sólida para la mejora de la calidad de vida de los salvadoreños. Ojalá pudiéramos felicitar más seguido a la Asamblea Legislativa por actuaciones en favor del bienestar de la población. Queda ahora como tarea pendiente para la próxima legislatura ratificar la reforma lo antes posible.