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4,367 homicidios durante 2009; de estos, 606 víctimas fueron niños, niñas y adolescentes. En el segundo mes de este 2010, la tendencia creciente de la violencia sigue cobrando vidas; en febrero sucedieron dos masacres y fueron encontrados cuerpos mutilados de jóvenes mujeres. Ante esta realidad de violencia, muerte e indignación, las autoridades siguen sin encontrar respuestas efectivas para hacerle frente al fenómeno.
Las capacidades institucionales de los cuerpos de seguridad ya han sido desbordadas, tal como la inclusión de las fuerzas militares en tareas de seguridad lo terminó de comprobar. El discurso sobre la herencia de las gestiones pasadas parece ceder; sin embargo, aún no se ha dado un giro con respecto a la administración de la seguridad por parte del Ejecutivo.
Hasta el momento, las acciones de corte inmediato lanzadas no han generado los efectos esperados en términos de reducción del crimen y de la violencia hacia la población. Ante el difícil contexto actual, esta semana el presidente Funes anunció un plan de seguridad.
Entre las medidas contempladas destaca la reforma al sistema penitenciario, tarea que requiere no sólo de mayores y mejores recursos, sino de un proceso de depuración administrativa y operativa que limpie las estructuras del sistema carcelario.
La atención a las víctimas también aparece como una línea de trabajo dentro de este nuevo plan de seguridad. Sobre este punto es necesario subrayar que ya existe un programa de esta naturaleza, por lo cual se esperaría una revisión del mismo por parte de las autoridades, a fin de encontrar fortalezas y debilidades, para luego aplicar los ajustes necesarios.
Si bien no hay mucha información disponible al respecto de las nuevas medidas, es de esperar que este programa logre cubrir la demanda no sólo en términos de recepción de casos, sino en efectividad en el acompañamiento y preservación de los derechos de las personas.
Con respecto a la prevención, esta apareció como parte de los ejes a lanzar. Esta se basaría en la reducción de factores de riesgo presentes en la sociedad actual, tales como la portación de armas. Ya en el pasado se han implementado medidas relativas a la no portación; sin embargo, está por verse un verdadero compromiso de las nuevas autoridades para lograr el desarme total de la población civil.
Según Funes, estas medidas serán sometidas a procesos de consulta ciudadana entre varios sectores. Una iniciativa loable, pero que debe verse con profundidad, pues de órganos consultivos y procesos de participación similares han surgido propuestas, refuerzos y medidas importantes que acaban en un archivo y nunca son puestas en marcha.
Un punto fundamental de esta nueva propuesta gubernamental debiera ser la búsqueda de justicia. De nada sirve intentar prevenir la violencia, reforzar con recursos a los aparatos de seguridad y reformar el sistema carcelario si el sistema judicial y la investigación no conducen a la pronta justicia para las víctimas.
La deuda sigue siendo con la impunidad en la que estos hechos descansan. Por ello, además de estas medidas, deben emprenderse ya cambios institucionales en el sistema de justicia. Si bien este eje ha sido parte de los anuncios de Funes, habrá que ver cómo tal componente se desarrolla.
