El oficialismo se atora con la basura

Los diputados oficialistas piensan hacer una contribución excepcional para eliminar la basura con la imposición de medidas represivas, multas y cárcel. Pero por muy represiva que pueda ser la legislación, no hará desaparecer la porquería ambiental, porque la normativa es inaplicable. No cuentan con los agentes necesarios para impedir que la población tire desperdicios donde le plazca. Tampoco los tienen para ordenar el tráfico terrestre, otro problema que ha recibido el mismo tratamiento represivo. Las pocas sanciones impuestas se deben más a transeúntes que las registran con sus cámaras que a la acción positiva de agentes de tránsito. El aumento de las sanciones no ha conseguido ordenar un tráfico cada vez más caótico. En el caso de la basura, los agentes tendrían que disponer de una balanza, pues las sanciones se endurecen al lanzar más de dos libras de desperdicios.

No cabe duda de que la basura es uno de los elementos que más contribuye a la vulnerabilidad del país, pero reprimir no es alternativa. Mucho más eficaz sería una campaña educativa nacional bien pensada y de largo plazo, la limpieza sistemática de los botaderos habituales, el tratamiento adecuado de la basura recolectada, la promoción del reciclaje y la regulación del plástico, sobre todo, del de un solo uso, ya que buena parte de la basura es plástico. Los legisladores desconocen su oficio y sus responsabilidades. Legislan desde la ignorancia. No les han advertido de la existencia de una legislación variada sobre la basura.

Otra campaña de educación vial haría más para ordenar el tráfico que las multas esporádicas; ahorraría combustible y reduciría las emisiones contaminantes. Pero el régimen no está por la educación de la población. Su responsable está más preocupado por la distracción que, según él, causa el contraste del azul y blanco de la bandera en las escuelas que por una educación de calidad y por la dignificación del magisterio. El régimen ha demostrado muy poca capacidad para ejecutar la inversión pública programada. En más de tres años, el nivel de ejecución es casi nulo, mientras las áreas sociales languidecen.

La dictadura reprime, en consonancia con la mentalidad autoritaria y violenta predominante desde hace ya varias décadas. Esa mentalidad está convencida de que el mejor gobernante ha sido el dictador de la década de 1930. El actual satisface todos sus atributos, excepto uno. Represión implacable, mano dura, autoritarismo, centralización, excentricidades y reelección. La particularidad que no satisface es la honradez. La eficacia de aquella dictadura es un mito. A mediano plazo, la violencia represiva y el desconocimiento de la institucionalidad no arrojan el resultado esperado.

Al igual que el fenómeno de las pandillas, la vulnerabilidad medioambiental y la pobreza, la proliferación y la acumulación de basura por dondequiera supera la capacidad de respuesta del régimen. Esos desafíos muestran que Bukele y los suyos no tienen control del territorio. La afirmación es válida aun en el sentido restringido en el que suelen usarla. Ahora resulta que el llamado plan de control territorial era el paso previo del régimen de excepción. En esa fase, los policías y soldados se habrían familiarizado con el territorio y habrían identificado a los pandilleros, capturados en la fase en curso. Si así fuera, hubieran ido directamente a por ellos, en lugar de recurrir a redadas masivas; habrían reunido pruebas sólidas para sustentar la acusación ante el juez y no tendrían necesidad de procesar grupalmente por crímenes genéricos; y la denuncia anónima no haría ninguna falta.

Muy seguros deben estar los responsables de estos desmanes para mentir tan desvergonzadamente. Más les valdría tomar nota de la situación en la que ahora se encuentran los generales y coroneles del conflicto armado, acusados de crímenes de guerra al cabo de cuatro décadas. Hablan de haber defendido al pueblo salvadoreño y de haber hecho prevalecer la institucionalidad contra organizaciones y agresiones “terroristas”, con “honor y valentía”, y a costa de “un enorme sacrificio”. El lenguaje es curiosamente similar al del régimen de Bukele. No sería extraño que cuando pase, este y sus peones, si no han fallecido, enfrenten también la justicia, acusados de corrupción y de crímenes de lesa humanidad. ¿Se atreverán ellos también a descalificar la justicia como “injusta persecución” y “flagrante violación de los derechos humanos”? ¿Solicitarán una amnistía?

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.