Era de oscurantismo

Esta administración ha dejado claro que no es devota de la transparencia ni de la publicación de información oficiosa. Pese al imperativo legal que obliga a todas las instituciones del Estado a producir, sistematizar y publicar información de su actividad, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha demostrado que no es su prioridad informar a la ciudadanía ni brindar insumos para evaluar objetivamente las políticas públicas que implementa. Las acciones para socavar la independencia y labor del Instituto de Acceso a la Información Pública, así como la solicitud de disolución de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) (presentada el 26 de julio por el Gobierno a la Asamblea Legislativa y aprobada por los diputados el 9 de agosto) dan cuenta de ello.

La Digestyc es una de las entidades públicas más antiguas del país. Si bien ostenta su actual nombre desde 1955, en realidad nació en 1881 como Oficina Central de Estadística. Por más de 140 años esta entidad ha sido la principal responsable de la generación de información estadística del país. En 1882 realizó el primer censo general de población; sus archivos son el principal acervo de la evolución de la población salvadoreña en un siglo. Solo basta con leer la cronología histórica de esta entidad para comprender su importancia.

Es cierto que las estadísticas del país necesitan perfeccionarse, robustecerse y actualizarse, pero la apuesta siempre fue brindarle a la Digestyc autonomía financiera y administrativa para transformarla en una entidad autónoma. Se buscaba que la Digestyc dejara de estar suscrita al Ministerio de Economía con el propósito de aislar las estadísticas de país de los caprichos y potenciales manipulaciones de los Gobiernos de turno. Por casi un lustro se discutieron potenciales proyectos de ley para que El Salvador emulara alguno de los esquemas de  instituciones estadísticas robustas, como los institutos nacionales de estadística de México o Chile.

Sin embargo, la decisión de este Gobierno no es fortalecer, sino desmantelar; es un error técnico trasladar las funciones de la Digestyc al Banco Central de Reserva (BCR). Esta decisión política solo hará más difícil para El Salvador avanzar hacia la consolidación de un verdadero sistema nacional de estadística. Esta administración está levantando obstáculos cada vez más complejos para la actividad académica e investigativa, y para el diseño de políticas públicas sustentadas en evidencias.

La supresión de la Digestyc pone en riesgo la posibilidad de realizar estudios comparativos sobre distintos indicadores de país a lo largo del tiempo. Es válido cuestionarse si el BCR será capaz de conservar el rigor metodológico necesario para la recolección y procesamiento de indicadores como el índice del precio al consumidor (IPC), el índice de precios al productor (IPP) y la evolución de la canasta básica alimentaria urbana y rural. Es difícil anticipar si el Banco será capaz de dar seguimiento a una de las principales herramientas estadísticas nacionales: la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, cuya producción implica recolectar datos de miles de hogares salvadoreños.

La decisión del Ejecutivo de disolver la Digestyc profundiza el abismo de tinieblas al que se está empujando a El Salvador. La Real Academia Española define “oscurantismo” como la defensa de ideas o actitudes irracionales. Definitivamente, el traslado de las funciones de la Digestyc al BCR es irracional; no hay justificación técnica que pueda sustentar esta decisión. Por otro lado, el diccionario Merriam-Webster define “oscurantismo” como una política de ocultar el conocimiento al público en general. Ciertamente, las acciones que ha tomado la administración Bukele en sus tres años de gestión son muestra de que una de sus políticas públicas reales es el oscurantismo. Sistemática y deliberadamente ha realizado acciones concretas para privar a la sociedad salvadoreña de la difusión del conocimiento, especialmente de aquel basado en información oficial del Estado.

Con la desintegración de la Digestyc, lo único que queda es dar seguimiento al destino del acervo histórico de la entidad y vigilar que los procesos metodológicos se conserven. Y salta la duda sobre con base a qué datos la administración Bukele tomará decisiones en materia de salud, educación y economía. El panorama apunta a que el único criterio que orientará las decisiones del Ejecutivo será su obsesión por la popularidad presidencial.

* Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop).