Informe sobre ejecuciones extrajudiciales

La semana pasada, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA presentó un informe sobre ejecuciones extrajudiciales. Y aquí conviene aclarar el término. Llamamos ejecuciones extrajudiciales exclusivamente a aquellos homicidios cometidos por agentes de autoridad policial o por personas protegidas, amparadas e impulsadas por agentes de autoridad. Este tipo de crímenes no está tipificado adecuadamente en el código penal salvadoreño, a pesar de ser un delito con características muy especiales, en los que las armas y el poder dados a la Policía para proteger a la ciudadanía se utilizan para matar, atemorizar, encubrir delitos y mantener impunidad. El informe tiene en este sentido no solo la intención de visibilizar un problema grave, sino, sobre todo, insistir en la tipificación del delito para poder erradicarlo o, en su defecto, sancionarlo adecuadamente. Y es especialmente importante porque da seguimiento a las observaciones de la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, quien en 2018 visitó el país y encontró “un patrón de comportamiento en el personal de seguridad, que podría considerarse como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza”. Observaciones que, por cierto, ha tenido nulo o mínimo impacto en el país.

Los hechos que expone el informe dejan clara la importancia del tema. A lo largo de seis años (2015-2020), 1,820 personas han muerto víctimas de la violencia policial. Aunque en general la PNC suele decir que las muertes se producen en defensa propia, los índices de letalidad indican abuso de la fuerza. Aunque es cierto que estos índices de letalidad han descendido en los tres últimos años, todavía siguen indicando abuso de la fuerza en el último año del estudio. La existencia de grupos de exterminio en los que se mezclan policías y civiles es otro dato. En el mismo período estudiado han sido desarticulados 15 grupos acusados de dicho modo de actuar. Y varios crímenes con todos los rasgos de haber sido cometidos por grupos de exterminio, como por ejemplo el asesinato del P. Walter Vázquez, continúan en la impunidad.

El Observatorio hizo, además, un estudio cualitativo de trece casos: 5 brindados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y 8 registrados en el Idhuca. En los trece se demuestra abuso de fuerza y tendencia a manipular la escena del crimen para encubrir el delito y hacerlo aparecer como un enfrentamiento en el que la Policía actuó en defensa propia. A todo ello se une la actuación judicial. En los seis años que abarca el informe, 1,365 policías y algunos soldados fueron procesados bajo acusación de homicidio. Un poco más del 90% de los procesados lograron el sobreseimiento; y solamente el 2% llegaron a sentencia condenatoria. Evidentemente, no se quiere afirmar que todos sean culpables. Pero los altos índices de letalidad en los enfrentamientos, la existencia de grupos de exterminio y los estudios cualitativos muestran el fracaso de los sistemas de control interno y de investigación de la PNC y la Fiscalía, así como la fácil tendencia de los jueces a dar sobreseimientos.

Dada la cultura de violencia tradicional en el país, hoy exacerbada en las redes sociales, no es fácil solucionar este problema. Pero las propuestas del Observatorio Universitario de Derechos Humanos son claras. Tipificar adecuadamente el delito de ejecución extrajudicial es necesario y además educativo. Mejorar los mecanismos de control interno tanto en la PNC como en la Fiscalía resulta también indispensable. Asimismo, es urgente atender a los miembros de base de la Policía, a veces con turnos muy exigentes, mal pagados y sometidos a las tensiones de una sociedad y cultura violenta. La mejora salarial, la formación en derechos humanos y un mayor y sistemático apoyo psicológico son formas también de atacar el problema de las ejecuciones extrajudiciales. Si el Estado, además, ratifica el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros instrumentos internacionales que ofrecen mecanismos de control frente a la violencia, podríamos decir que se empieza a tomar en serio el grave problema de las ejecuciones extrajudiciales.

* José María Tojeira, director del Idhuca.