Jueces y fiscales

Así como es cierto que las cosas pueden siempre mejorar, también es evidente que no hay ninguna estructura social, poder organizado o dependencia estatal que no pueda empeorar. Y la Corte Suprema es una de esas estructuras que ha ido empeorando desde su nueva constitución a partir de los Acuerdos de Paz. El primer liderazgo de la Corte, entiéndase Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, supuso un avance sobre el pasado judicial; pero un avance a todas luces insuficiente y tímido. El segundo liderazgo, igual de breve que el primero, dejó que las cosas fueran marcha atrás. Pero el liderazgo actual, con sus 9 años en el cargo, ha ido mostrando un retroceso patente. Tenemos una Corte Suprema a la que sólo la salvan, en calidad y decencia, los votos disidentes. Una Corte que impide investigar a quienes se han enriquecido en el Ejecutivo, que falla a favor del Gobierno las más de las veces, que interpreta las leyes contradictoria y caprichosamente. Cuando a sus miembros les conviene, invocan el criterio de gobernabilidad, como en el caso de la ausencia del Fiscal General; y cuando no les conviene, se saltan el mismo criterio, arriesgando el buen gobierno de la justicia y la elección de magistrados. Al final, una colección mayoritaria, con algunas excepciones, de incapaces. Ni siquiera pueden velar por el cumplimiento de la Constitución cuando les impone obligaciones y responsabilidades: nunca se les ha ocurrido exigir a la Asamblea que legisle el derecho constitucional del ciudadano a tener indemnización ante el retardo judicial.

Al final, suelen ser las instituciones de la sociedad civil las que tienen que darles lecciones de derecho y las que, lamentablemente, se ven obligadas a descubrir la ridiculez y falta de ingenio jurídico de nuestros magistrados acudiendo a instancias internacionales. Este lunes recién pasado le tocó al IDHUCA darles una lección de derecho a tres magistrados. Veremos con qué ridiculez contestan a un planteamiento que es serio y bien fundado.

En tiempo de las dictaduras centroamericanas de los años treinta, fue famoso un presidente del Congreso de Honduras que en una discusión del pleno afirmó sin ambages: "La Constitución es pura babosada". Por lo menos aquellos diputados de los gobiernos chafarotes tenían un poco más de sinceridad que los actuales. Éstos, al igual que nuestros magistrados, se llenan la boca con el imperio de la ley, pero acaban confundiendo la ley con sus caprichos. Si los filósofos del siglo XVIII, padres al fin de las modernas democracias, levantaran la cabeza, se asombrarían de lo lejos que están nuestras democracias de aquel su deseo racional y básico de que "nos gobiernen leyes y no personas".

Con todo y lo dicho, estamos todavía a tiempo de reflexionar, a tiempo de rectificar errores y con tiempo para elegir adecuadamente, según criterios y no caprichos, tanto al Fiscal General como a los magistrados de la Corte Suprema. El Arzobispo de San Salvador decía el domingo pasado que "es el momento de tener confianza en las demás personas, y no fijarnos en las diferencias ideológicas, en las diferencias personales, en cosas que pudieran dividirnos". Y tiene una enorme razón. Porque si no se cultiva el desarrollo de la confianza, el país no tiene remedio. Muy poco suelen reflexionar los políticos sobre el tema de la confianza ciudadana en las instituciones y en las personas que representan al país y a la gente concreta. Con frecuencia dan la impresión de que piensan que la confianza se conquista con discursos. Y nada hay peor para el desarrollo de la confianza que la incoherencia entre el discurso y la realidad.

La gente quiere justicia y bienestar para todos. El camino no es fácil, pero si se quiere recorrer, hay que dar pasos que demuestren que el interés por los pobres es real. Y ese interés no se demuestra sólo con palabras, sino también con obras. La Fiscalía ha fallado muchas veces en los esfuerzos por conquistar una mayor justicia frente a la violencia imperante. Elegir un Fiscal General independiente y conocedor del oficio es un paso, al que debe seguir un mayor apoyo a esta institución. La Corte Suprema le ha fallado con frecuencia al ciudadano común a y a las víctimas del poder. Elegir a personas que por su trayectoria, independencia, conocimiento y libertad cumplan los requisitos de un juez honesto, sería sin duda un enorme aporte a la confianza ciudadana en las instituciones. Pero para conquistar esa confianza, la elección tiene que ser transparente, razonada, expuesta públicamente a la discusión de criterios. Si se mezcla el favoritismo político, seguiremos en lo mismo: un grupo de jueces que desde su trabajo en las primeras instancias quieren mejorar el sistema judicial, y arriba de ellos un grupo de maleantes en el sentido etimológico (gente que malea lo que toca), entorpeciendo el desarrollo de una institución básica para el funcionamiento democrático y la confianza ciudadana.