La buena nueva

Da gusto ver que las instituciones funcionan o que al menos lo intentan. Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia haya pedido a la Fiscalía General de la República investigar la desaparición forzada de una niña es algo que debe aplaudirse.

La institución que tiene la atribución constitucional de investigar el delito tendrá que aclarar lo ocurrido con María de los Ángeles Ortega. Esta niña desapareció el 4 de noviembre de 1983 mientras se masacraba a la población del cantón Copapayo, en Suchitoto.

Ya antes, la misma Sala de lo Constitucional había emitido otro fallo de este tipo. El 26 de junio de este año dictaminó favorablemente un proceso de habeas corpus y pidió investigar la desaparición de Sofía García Cruz, una niña de diez años. Este hecho ocurrió el 4 de junio de 1981 en el volcán Chinchontepec de San Vicente.

Estos dictámenes son esperanzadores. Ojalá se esté frente a una Sala de lo Constitucional que ha optado por la verdad y la justicia para las víctimas. Ojalá estas resoluciones marquen una tendencia que se aplique a todas las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en aquellos años de bestialidad.

No obstante, esto es insuficiente. La ventana que se abre en la Corte Suprema de Justicia debe servir para que la Fiscalía y las demás instituciones decidan abrirles la puerta a las víctimas y acabar con la impunidad. El Estado debe ser coherente.

Hay que tener claro que no sólo se trata de que la Fiscalía cumpla con los fallos de la Sala de lo Constitucional; la Fuerza Armada, por ejemplo, también debe abrir sus archivos militares para que se puedan aclarar muchos de estos casos.

Finalmente, debe decirse que estos dictámenes de la Sala de lo Constitucional no hubieran sido posibles sin la insistencia y valentía de las víctimas. Desde su esfuerzo tenaz por encontrar justicia en el país, pasando por sus victorias en los tribunales internacionales hasta llegar a estas resoluciones, ellos y ellas son las que están transformando la jurisprudencia nacional. No son abogados ni jueces, pero su constante lucha ha logrado sensibilizar y provocar cambios en el sistema de justicia, y en la vida nacional.

El liderazgo partidario le ha dado la espalda a la gente que sigue clamando justicia; las instituciones le han cerrado la puerta; y quienes gobiernan le han negado insistentemente la posibilidad de saber la verdad imponiéndole la ley de amnistía.

Pese a todo, las víctimas no se han resignado y han podido hacer que se abran caminos y se genere esperanza de que se puede construir un país justo. En este día que se conmemora el 61º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ellos y ellas son la buena nueva.