La cuestión sobre la ciudadanía estadounidense

En Estados Unidos se ha reactivado el debate sobre la ciudadanía como derecho de las personas indocumentadas, justo cuando se discuten temas como la seguridad nacional de los Estados, las amenazas del terrorismo —sin claridad conceptual al respecto— y los flujos migratorios desde sociedades precarias a aquellas con mayores posibilidades de desarrollo.

Esta vez, un legislador republicano estadounidense ha sometido a discusión una propuesta de ley referida a la negación de la ciudadanía para los hijos e hijas de personas indocumentadas. La propuesta busca que la ciudadanía estadounidense no se reconozca de manera automática al momento de nacer una persona; para obtener tal estatus, al menos uno de los padres deberá ser ciudadano o residente permanente. Según esta lógica, con la aplicación de la medida se reduciría el incentivo para los migrantes de procrear hijos en tierras estadounidenses, lo cual generaría una reducción del flujo migratorio.

En esto, una cosa es clara: se generaría discriminación al hacer depender el derecho a la ciudadanía de un recién nacido al estatus legal de sus progenitores. Además, se atentaría contra la seguridad jurídica, así como contra el goce de los derechos humanos de las personas. En otras palabras, sería un retroceso grave en cuanto a las garantías contenidas en el ordenamiento jurídico estadounidense.

Según reportes de prensa, esta propuesta también incluiría la negación de otros derechos para las personas migrantes no ciudadanas: el acceso a licencias de conducir y a adquirir una vivienda. Ante planteamientos como estos, es necesario generar debate y una propuesta conciliadora que regule aspectos relativos al ordenamiento jurídico sin mayor afectación de los derechos humanos. En momentos como este, se hace urgente un cambio de actitud hacia las poblaciones migrantes. Para la administración de Barack Obama la política referida a migración sigue siendo una deuda.

El debate también plantea retos para las sociedades de origen de los migrantes. A medida que el tema avance en la discusión legislativa y política, es fundamental que Estados como el salvadoreño procuren incorporar dentro de sus relaciones diplomáticas la presión debida para argumentar y demostrar que estas medidas atentan contra la dignidad humana.

Tanto para Estados Unidos, instalado en el discurso de ser la tierra del progreso y del cumplimiento de sueños, como para El Salvador, incapaz de resolver y garantizar los derechos de las personas migrantes y expulsor de sus propios ciudadanos, es hora de trabajar en propuestas que dignifiquen a las comunidades de la diáspora y las conciban como sujetos de derecho, no solo como mano de obra barata o fuentes de divisas para el país.