La trampa de la militarización

Para intentar contener el flujo migratorio, el Gobierno de México aportará 30 millones de dólares para contribuir a crear miles de empleos en la zona rural de nuestro país. La sabiduría popular, a través de un inmigrante salvadoreño en México, observó que ese esfuerzo será insuficiente sin erradicar la violencia prevaleciente en el campo. La inversión será estéril mientras la población esté amenazada y sea forzada a desplazarse, una realidad que ni El Salvador ni México se han atrevido a reconocer, porque equivaldría a reconocer el fracaso de su política de seguridad.

De todas maneras, invertir en la zona rural es un buen comienzo si va acompañado de medidas eficaces que devuelvan la tranquilidad a unos habitantes no solo intimidados por las pandillas, sino también por los policías y los escuadrones de limpieza social. Sin embargo, el flujo de emigrantes disminuirá a mediano y largo plazo, porque las razones que los fuerzan a viajar no desaparecerán por orden presidencial. Mientras la inversión mexicana, que debe ser acompañada por otra nacional más voluminosa, no arroje frutos palpables, la emigración continuará.

Simultáneamente, el Gobierno de Bukele ha lanzado un plan de seguridad, cuyo objetivo es recuperar el territorio, algo necesario y urgente. Pero no lo logrará solo con el uso de la fuerza. Eso ya lo intentaron las administraciones de Arena y del FMLN, y fracasaron. Las primeras disposiciones de dicho plan apuntan a más de lo mismo, dirigido por los mismos de siempre, porque no ha habido depuración de la Policía, ni comprensión integral del fenómeno. En un primer momento, el plan se concentra supuestamente en los municipios más violentos, lo cual haría sentido si la selección observara dicho criterio. Pero ni son todos los que están, ni están todos los que son. Por otro lado e igual que en otras ocasiones, la concentración de la fuerza en los centros urbanos seleccionados expulsará las pandillas a las zonas periféricas y rurales, donde pondrán más presión y forzarán a más gente a abandonar sus hogares y a rebuscarse la vida en otro sitio.

El despliegue de patrullas policiales y militares con armas de guerra es seductor, pero inútil, porque los pandilleros se escabullen entre la población; a veces, con su complicidad, voluntaria o forzada. Las patrullas invasoras y vigilantes no podrán identificar a los pandilleros ni sus actividades, porque no están familiarizadas con el territorio y sus habitantes. Operativamente, ni siquiera cuentan con un medio de comunicación expedito. El éxito de una operación como esa depende, en gran medida, de la colaboración de la población, algo sumamente difícil, sino imposible, debido al tratamiento brutal que policías y soldados le han dado y le dan. No la consideran, precisamente, como colaboradora potencial, sino como enemiga. La tratan con desprecio y prepotencia. Además, cómo se puede confiar en policías y soldados cara-tapadas. Este simple hecho evidencia el abismo que los separa de la gente, a la cual dicen proteger. El concepto del despliegue militar es errado. Es más eficaz la persuasión que la fuerza.

La captura de uno de los personajes más peculiares de la farándula popular por la simple razón de exhibir tatuajes es más que una anécdota simpática. Indica que las fuerzas de seguridad siguen actuando por apariencias, al igual que en el pasado. Prescinden de la inteligencia policial, que investiga para acumular datos y vincular al sospechoso con el crimen. La labor de inteligencia toma tiempo y, necesariamente, no es visible, pero gana en eficacia. Esa es la única forma de judicializar exitosamente los casos. Las redadas son mediáticas, crean falsas percepciones, porque es imposible asociar a los capturados con las acusaciones imputadas. Los presos peligrosos deben ser tratados con rigor, pero el Gobierno confunde disciplina con denigración y humillación. La exhibición de reos semidesnudos y descalzos más que lección ejemplar, como pretende el director de los penales, exhibe la inhumanidad e irracionalidad de sus responsables.

Perseguir las finanzas de las pandillas es acertado, pero solo alcanzará su cometido si procede inteligentemente. Es menester distinguir entre la realidad y el mito, creado por una Fiscalía más populista que eficaz. La evidencia académica disponible muestra que el producto de la extorsión es utilizado para mantener a las familias de los pandilleros, para pagar los abogados de los detenidos y para cubrir las necesidades más sentidas. Es decir, la acumulación de riquezas fabulosas tiene mucho de mito. Asimismo, se debe comprobar la relación directa entre el dinero y el acusado. La invasión policial y militar no tiene capacidad para identificar las redes de extorsión por la sencilla razón de que actúa desde afuera y desde poderío militar, mientras los extorsionistas se esfuman por los entresijos del tejido social, delante de sus narices tapadas. Redes como las de extorsión y de los tráficos se descubren desde abajo y desde dentro. A los directores de la seguridad les falta imaginación e inteligencia. No les vendría mal leer novelas o ver películas policíacas, algunas son muy instructivas.

Es irónico que el Gobierno de Bukele caiga en la misma trampa que sus antecesores. Tal vez sin pretenderlo, pronto ha quedado atrapado en las redes de la militarización de la seguridad, la sociedad y la institucionalidad. Por la puerta de atrás se colaron los mismos de siempre, que solo saben de autoritarismo y represión.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.