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Un joven de 16 años fue asesinado en el interior del centro de inserción El Espino, en Ahuachapán. Una víctima más de la violencia y criminalidad en el país, pero, sobre todo, un resultado más de las fallas del actual sistema de resguardo, protección e inserción social para aquellos y aquellas jóvenes en conflicto con la ley.
En primer lugar, es justo decir que tales centros no cumplen con el significado que sus nombres pregonan. El diseño de estos espacios y las estrategias implementadas en su interior para trabajar con los y las jóvenes y lograr así su inserción en la sociedad han demostrado ser obsoletos.
Antes que nada, esto se debe a la descoordinación y dispersión que existe al interior de estas instituciones. Por lo cual decir que componen un sistema es aventurado, pues en la práctica se carece de una estructura coordinada que implemente acciones en función de objetivos específicos y claros.
A eso se suma la falta de recursos, principal constante de este tipo de servicios públicos que el Estado provee; sin embargo, tales carencias no justifican que dentro de este entramado se irrespete y no se valore la vida e integridad de las personas.
En la práctica, estos centros reproducen las lógicas del sistema carcelario: hacinamiento, precariedad, saturación, falta de programas de formación integral, así como los conflictos internos entre las pandillas rivales.
Ante estos hechos, las autoridades deben ejecutar un verdadero giro en la planificación, administración y supervisión de estos centros, con el fin de cumplir con el objetivo de reinsertar en la vida civil a estos jóvenes, procurándoles los medios necesarios para ello.
Mientras las autoridades no presten la atención debida a estos recintos, no tomen las medidas de seguridad necesarias, no controlen y capaciten al personal encargado, ni creen incentivos y medidas que permitan mejorar la calidad de vida de los internos, la violencia continuará cobrando víctimas no solo en las calles, sino dentro de estos centros.
Justo cuando se anuncian nuevas medidas de seguridad, que incluyen entre sus ejes la prevención, es preciso hacer notar que no se ha abordado la situación de estos centros, con lo cual las y los jóvenes en reclusión parecieran no ser sujetos de medidas específicas. Al parecer, se destinarán recursos para el sistema penitenciario, pero no se especifica si los lugares de atención a la niñez y juventud también serán fortalecidos mediante acciones y presupuestos.
Finalmente, es urgente reiterar el llamado a las autoridades para que investiguen las muertes al interior de los centros de internamiento para menores con el fin de deducir responsabilidades y emprender cambios que permitan la prevención de hechos violentos.
