Libertad y leyes

En el anuncio en Twitter del nuevo libro de la Cepal, se lee lo siguiente: “Las actuales crisis sanitaria y climática son parte de un modelo de desarrollo insostenible, vinculado a una elevada desigualdad con el predominio de las élites, es decir, con la cultura del privilegio”. Si bien la desigualdad es un fenómeno generalizado en América Latina, en este libro se nos muestra la extrema vulnerabilidad de los cuatro países más norteños de Centroamérica. En otras palabras, si el modelo de desarrollo latinoamericano es insostenible, el modelo centroamericano lo es más.

Estamos peor en desarrollo económico, tenemos más pobreza y endeudamiento, la desigualdad es mayor, la violencia también, la migración es sistemática y nuestra leyes, que debían proteger más a los pobres que a los ricos, hacen exactamente lo contrario. Basta ver las insuficiencias de la legislación dedicada a la seguridad social y compararla con la legislación protectora de la libertad. Y no es que estemos en contra de la libertad, pues es necesaria para la vida personal y social. Pero cuando no hay protección del débil, la libertad termina siempre convirtiéndose en una ventaja para el fuerte. Hoy, las discusiones políticas coyunturales, que son importantes en tiempo de crisis, apenas nos dejan ver la crisis estructural de nuestro país, que sin duda se agravará en los próximos meses.

El Faro publica una entrevista con el presidente de la ANEP, Javier Simán, destacando una de sus frases: “Cada empresa es libre para decidir de qué manera seguirá las fases de apertura”. Aunque por una frase no se puede juzgar a una persona, sería mucho más agradable al oído de las mayorías escuchar algo así como que cada empresa debe seguir las fases de apertura, incluso con mayor responsabilidad de lo que establecen los protocolos estatales, vigentes o no. Y añadir que en esta fase de apertura debe aumentarse el salario mínimo y ampliarse las prestaciones sociales del trabajador, incluidos los del sector informal. La ley es, o debe ser siempre, la defensa del débil. La libertad, cuando no hay ley que defienda al vulnerable, puede convertirse muy fácilmente en un arma y privilegio del fuerte para su propio beneficio.

Montesquieu, gran enemigo del despotismo autoritario y uno de los padres del moderno liberalismo político y de la democracia (lástima que no lo suelan leer nuestros políticos y diputados), dice, en El espíritu de las leyes, lo siguiente: “Desde siempre hemos visto que todo hombre con poder tiende abusar de él”. El mismo autor decía que un deseo es legítimo solamente si se puede convertir en el deseo de todos. En ese sentido, moderar los deseos de los fuertes, sean económicos, políticos o intelectuales, y poner los recursos, de un modo equitativo, al servicio de todos, y especialmente de quienes carecen de ellos, es papel fundamental de las leyes.

Cuando el presidente de El Salvador dice que quiere refundar el Estado salvadoreño, tiene cierta razón. Porque es necesario cambiar este Estado nuestro elitista, que fomenta la desigualdad, que se desinteresa por el débil y vulnerable, y que vive de un discurso democrático bastante hueco y vacío. El problema es que no se sabe qué significa “refundación” para el presidente y para Nuevas Ideas. No hay un proyecto claro y hay una lucha por concentrar poder que no se sabe a dónde nos puede llevar. La refundación del Estado salvadoreño, en todo caso, es tarea común. Y con polarización, insultos y ataques personales es difícil crear una democracia social, respetuosa de los derechos humanos.

Tampoco Arena y el FMLN, que en el pasado se enfrentaron en el mismo juego que ahora juega Nuevas Ideas con ellos, dan garantías de poder refundar el Estado. Por ello, lo mejor sería comenzar una etapa de diálogo en torno a los derechos humanos y la Constitución de la República. Si empezáramos a lograr acuerdos sobre cómo avanzar con seriedad hacia la justicia social y hacia la universalización del bienestar, que son obligaciones constitucionales, estaríamos avanzando hacia una refundación del Estado salvadoreño, incluso sin necesidad de cambiar la Constitución.

* José María Tojeira, director del Idhuca.