Más que reprimendas, compromisos

Hace treinta años era común que las y los periodistas fueran amenazados, coaccionados, sobornados y hasta torturados para evitar que realizaran su labor libremente e impedir que buscaran la verdad. Era época de guerra y la brutalidad militar se imponía ante toda racionalidad. La libre expresión del pensamiento era entonces una utopía.

Es innegable que de 1980 hacia acá ha habido cambios en el país. Uno de ellos es que se acabó la práctica sistemática e institucionalizada de silenciar las voces críticas en la sociedad. Sin embargo, aunque ya no se persiguió a las y los periodistas que trataban de hacer un trabajo profesional y ético, sí ocurrieron hechos aislados que se denunciaron públicamente.

En 2001, por ejemplo, se denunciaron las presiones del entonces presidente Francisco Flores para callar los cuestionamientos de Canal 12 hacia la administración de la ayuda humanitaria que recibió el país después de los terremotos. También se dijo que el Gobierno de Flores intentó ahogar económicamente a este medio negándole la pauta oficial.

En ese entonces, Mauricio Funes era el director de prensa y el periodista más reconocido de Canal 12. Él encabezó las denuncias contra este intento estatal de censura a la cobertura informativa del medio. La actuación del Ejecutivo fue grave no sólo porque intentó coartar la fiscalización y contraloría social de la gestión de la ayuda en esa tragedia, sino por la muestra de intolerancia a la crítica.

El noveno numeral de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión sentencia que la intimidación y amenazas a los comunicadores "viola los derechos de las personas y coarta severamente la libertad de expresión". También señala que es deber de los Estados prevenir tales hechos, investigarlos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.

Por todo, es condenable que, a dieciocho años de firmado el acuerdo de Chapultepec que debió poner fin a la guerra y hacer que cesaran las intimidaciones, un periodista del periódico digital El Faro haya sido amenazado por el hijo del presidente Mauricio Funes.

Sergio Arauz recibió una llamada telefónica de Carlos Funes, quien amenazó con agredirlo. Todo por un trabajo periodístico que cuestiona la asignación presupuestaria de Casa Presidencial en publicidad y la falta de licitación para estos servicios.

Ante lo sucedido, no basta con la reprimenda paterna y la disculpa pública del mandatario. Nadie debe estar encima de la ley; el artículo 154 del Código Penal señala que quien amenaza con producir un daño a otra persona o a su familia será sancionado con prisión de uno a tres años. Se trata, entonces, de un hecho al que debe ponérsele atención.

Es importante sentar precedentes para que esto no se repita. Lo mínimo que se esperaría es que sea el propio Carlos Funes quien pida perdón al periodista. Por su parte, el Ejecutivo debe comprometerse no sólo a respetar la integridad de toda la población y su derecho a la libre expresión, también a facilitar la información, tolerar la crítica y aceptar el control social.