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Cuando estamos por terminar este año, conocer que 209,000 niños y niñas trabajan en el país es preocupante. Lo es porque representa un aumento significativo con respecto a la cifra de niñez trabajadora reportada en 2007; hace dos años la población infantil trabajadora era de 172,558.
Este aumento es reflejo, en parte, de la aguda crisis económica que atraviesa el país, que obliga a más familias a recurrir al apoyo de las niñas y niños en tareas laborales, así como del creciente desempleo. No hay que perder de vista que, además, esta situación es el resultado de las desigualdades estructurales y la falta de políticas sociales sustanciales.
Si bien este dato no pasa desapercibido ante la opinión pública, no debe ignorarse la vulneración social que el ejercicio laboral supone para la mayoría de estos niños y niñas. Antes que nada, por lo general en contextos rurales o urbanos muy precarios, la niñez trabajadora rara vez está inserta en el sistema educativo formal; si lo está, su rendimiento suele ser baja dadas las condiciones en las cuales realiza sus estudios. En ese sentido, deberían existir los canales adecuados para garantizar la educación para la niñez en estos casos.
Otra vulneración constante entre la niñez trabajadora, sobre todo aquella vinculada a las actividades informales, es la falta de prestaciones sociales o el abuso de los patronos al extender sus horarios o exigir jornadas largas; en otras palabras, al violentar sus derechos laborales.
La vulneración de derechos en esta niñez está relacionada además con los peligros que ciertas prácticas implican. En esta categoría se encuentran las peores formas de trabajo infantil, que tienen que ver con actividades como la pesca o el manejo de pólvora.
De momento ante, este dato de la realidad, el Estado ha ideado una "hoja de ruta" con el fin de reducir el trabajo infantil y erradicar sus peores formas. Esta iniciativa tiene como meta final erradicar el trabajo infantil en 2020 a través de garantizar atención en salud y acceso a educación, y aplicar la nueva Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.
En hora buena se formulan estas medidas. La meta es ambiciosa y urgente. Ahora resta esperar que tales planes se inicien para empezar a ver resultados. La Ministra de Trabajo ha declarado sentir vergüenza por la cantidad de niños y niñas trabajando en las calles. Ojalá esta indignación sea compartida por todo el gabinete social, pues medidas de este tipo requieren un fuerte compromiso y destinar recursos suficientes, así como mecanismos de coordinación para obtener resultados. De lo contrario, correrá el riesgo esta iniciativa de caer en el callejón de los discursos sin acción.
