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La seguridad pública sigue siendo un talón de Aquiles para el Gobierno de turno en El Salvador. Si bien existe la herencia de las anteriores gestiones en términos de fallas en el combate al crimen y enfoques nada adecuados, también es cierto que la actual gestión debe diseñar estrategias integrales y eficaces que le brinden condiciones de seguridad a la población en general.
También es cierto que la actual gestión cuenta con responsabilidades al respecto desde que asumió el poder. Por lo cual debería empezar a asumirlas, pues ahora el mando y dirección de las acciones de prevención y/o represión del delito y criminalidad están bajo su tutela.
Desde la sociedad civil, ha habido esfuerzos importantes por rechazar la violencia y reclamar seguridad para todos y todas. Pronunciamientos, marchas y actividades culturales, entre otras, han servido de espacio para la voz ciudadana. Jóvenes, adultos, mujeres, sectores profesionales, industriales, empresariales y colectivos diversos han puesto su grano de arena en los llamados de atención y la propuesta de acción.
En la esfera gubernamental, la estrategia parece ser la atribución de responsabilidades a las pasadas administraciones, al tiempo que se lanzan planes de acción que no difieren en mucho de los aplicados por sus antecesores.
De hecho, llama la atención que mientras el número de homicidios cometidos hasta el momento ya superó la cifra registrada en todo 2008, la corporación policial organiza una marcha para conmemorar al patrono de la Policía Nacional Civil, San Miguel Arcángel. Una tradición que si bien podría considerarse un elemento de unión entre los agentes y parte de una cultura organizacional propia, raya en lo curioso.
En primer lugar, porque más allá de rezos y elevar oraciones al cielo, de la Policía se espera efectividad en la persecución del delito. En lugar de marchas en función de un santo, se espera que el actual Ejecutivo desarrolle estrategias integrales que apunten a la seguridad pública en todas sus dimensiones.
En segundo lugar, esta acción refleja qué tan lejos está el Estado salvadoreño del carácter laico que debe primar en su actuación. Si bien la libertad de culto es un derecho para todos y todas, un funcionario público debe cumplir su labor sin que sus propias mediaciones culturales se interpongan ni sean visibles.
En tercer lugar, dedicar tiempo efectivo de trabajo a un ejercicio de fe —como es el caso de la conmemoración del patrono policial— resulta una ofensa para la ciudadanía. Los policías deben estar atendiendo las calles y espacios públicos, no circulando en ellos en acto religioso.
En momento de crisis como el actual, acciones simbólicas o mediáticas no contribuyen a generar cambios en materia de seguridad. Hace falta una visión estratégica para la adopción de medidas concretas; por ejemplo, retomar las recomendaciones emitidas por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Paz Social.
Si el Gobierno actual continúa ignorando los llamados urgentes de la ciudadanía, por más voces policiales que se eleven al cielo, ni San Miguel Arcángel podrá salvarnos.
