Otra vez el DUI y otra vez las complicaciones, las colas, las quejas. Después de prórrogas irresponsables, nuevas grandes soluciones que de nuevo complican la vida ciudadana. Quienes entregamos una partida de nacimiento hace unos cuantos años tenemos que llevar una nueva sin que se nos explique por qué no es válida la anterior. Da la impresión de que la razón es que a un burócrata se le antojó que había que llevar una nueva partida para garantizar que el DUI sea más fiable, y punto.
Un DUI que ni siquiera tiene la función de los documentos equivalentes en países desarrollados: servir simultáneamente como carné de identificación y número de registro tributario. Entre nosotros, el NIT confluye con la licencia de conducir. Realidad esta bastante inútil en un país donde la mayoría no tiene licencia. Esperemos que cuando al fin llegue la cultura de la eficacia y no del papeleo burocrático, podamos sacar un nuevo DUI con número de NIT incorporado y sin necesidad de presentar una vez más la partida de nacimiento.
Y no es que no se pueda lograr la expedición fácil y rápida del documento. Cuando Migración, ya hace años, puso al fin a una persona eficaz al frente de la Dirección de Extranjería, la tramitación del pasaporte se convirtió en una tarea normalmente ágil y por la que nadie protesta. Todo es cuestión de saber elegir buenos profesionales para que las cosas corran adecuadamente. Con el DUI no parece ser este el caso. O bien por los condicionamientos del Estado, o bien por la ineficacia de la empresa que expide el DUI, las quejas se han multiplicado. No hay claridad en la documentación que se debe presentar y se aplica una profunda desconfianza contra el ciudadano.
Esto último es tal vez lo más grave en todo el proceso. El Estado, no sólo en teoría, sino constitucionalmente, está al servicio del ciudadano, en ningún momento es su dueño. En este proceso de expedición del documento parece que se ha partido del supuesto de que el ciudadano es un ser con tendencia a mentir y el Estado el encargado de verificar que no lo haga. Por eso, cada vez que se hace un cambio en el DUI hay que demostrar que uno ha nacido. Y la partida, además, debe ser reciente. Algo así como que el nacimiento tuviera una fecha extra de vencimiento, además de la biológica que a todos nos llega con la muerte. A todo ello se añade la necesidad de llevar un recibo de la electricidad para supuestamente demostrar que se vive en la casa en la que se dice vivir. Requisito a todas luces absurdo, puesto que no en pocos casos los habitantes de una casa tienen apellidos diferentes a los titulares del recibo de electricidad.
Mezclar consideraciones electorales no tiene mayor sentido. Hay gente que se cambia de vivienda y no renueva el DUI —por razones económicas o simple comodidad— hasta que se ve obligada. Si en ese ínterin va a votar lejos de su casa, es problema del ciudadano, no del Estado. Y si lo que se tiene es miedo de que antes de las elecciones se produzcan cambios masivos de DUI para votar favoreciendo al candidato de algún partido, se pueden tomar otras medidas, incluso en el código electoral, sin atosigar a toda la ciudadanía con la desconfianza. Con las medidas que se han adoptado se nos muestra una actitud estatal que sólo puede corresponder a dos posibilidades: o se piensa que la mayoría de los ciudadanos quiere hacer trampa, votar donde no le corresponde, etc.; o simplemente se decidió autoritariamente que todos los ciudadanos del país, cuya mayoría es honrada, paguen costos de burocracia lenta e ineficiente porque el Estado es incapaz de detectar a los malos ciudadanos sin castigar de algún modo a todos.
Nadie discute la importancia de tener un buen documento de identidad, pero el trámite para lograrlo debe ser sencillo, y el documento debe cubrir todas las obligaciones y necesidades del ciudadano. En El Salvador, el DUI cumple ya con las funciones identitaria y electoral. Resta convertirlo también en documento tributario. Hacia allí hay que caminar, y no hacia esta compleja burocracia rebosante de requisitos y desconfianza.