Peticiones de perdón

El presidente de la República, Mauricio Funes, ha pedido perdón por los crímenes cometidos en el pasado por agentes del Estado. El paso es importante y puede y debe marcar un antes y un después en la historia de la reconciliación salvadoreña. Se ha roto la afirmación tan infantil como ignorante y perversa de que el Estado no pide perdón; afirmación que fue durante veinte años capricho ideológico oficial de El Salvador. Incluso el ex presidente Cristiani parece reconocer ahora, al contrario de otros miembros de su partido, que el Presidente puede pedir perdón por los crímenes cometidos por agentes del Estado.

Porque, en efecto, la mayor corrupción de los fines del Estado no es robar el erario público aprovechándose de los puestos de poder. Más grave que lo anterior es que el propio Estado, prevaliéndose de su fuerza, asesine a sus propios ciudadanos y mantenga los crímenes en la impunidad. Matar injustamente y desde la fuerza del Estado a personas desarmadas es el mayor delito que se puede cometer en comunidad nacional. Porque el Estado se funda para defender a las personas y darles seguridad, no para abusar de ellas o eliminarlas. A una persona desarmada se la podrá juzgar si ha cometido delitos, pero no se la puede asesinar.

La petición de perdón del Presidente, seguida del aviso de la conformación de una comisión de reparación y otra de búsqueda de niños desaparecidos, abre la puerta tanto al encuentro con la verdad como a otras peticiones de perdón, reconocimientos e incluso compensaciones a víctimas del pasado que desean recuperar su dignidad o la de sus familiares. Se trata de un reconocimiento que nos hace pensar una vez más en la importancia de la derogación de la ley de amnistía y la subsiguiente e inmediata promulgación de una ley de reconciliación que permita y aliente la búsqueda y reconocimiento de la verdad como camino de reconciliación.

No consideramos adecuado para el país el establecimiento de una justicia punitiva referida a los crímenes de la guerra civil. Pero sí creemos fundamental para la reconciliación plena abrir nuestro sistema jurídico a lo que hoy se llama justicia restaurativa o transicional. Una justicia que más que castigar los crímenes del pasado trata de devolver la dignidad a las víctimas desde el reconocimiento, la escucha, la compensación.

La derecha más clásica del país se molesta con la petición de perdón del Presidente diciendo que es parcial. Pero es evidente que el Presidente sólo puede pedir perdón por los crímenes del Estado, que es a quien representa. El pensamiento obsoleto de Arena en este y otros campos es lo que la ha llevado a su crisis institucional y a su ruptura interna. Cuando hay tradición de prepotencia, hay poca capacidad de reflexión sobre la obsolescencia del propio pensamiento.

El ideal es que las otras instituciones del Estado reflexionen también sobre su propia responsabilidad en los crímenes mencionados por el presidente Funes y se atrevan a imitarle. El sistema judicial ha sido cómplice de infinitas injusticias y encubrimientos de crímenes durante la guerra civil, y bueno sería que reconociera lo que ya en su tiempo les dijo a los jueces monseñor Romero. La Fiscalía no sólo actuó en la guerra como un ente bastante inútil, sino que defendió sistemáticamente al Estado tanto durante el conflicto como posteriormente, avalando la impunidad y la ofensa repetida a las víctimas. La Fuerza Armada, como una de las instituciones con mayor responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad, debe decir en algún momento su propia palabra y no refugiarse tras una petición genérica de perdón del Presidente, con la excusa de que él es el Comandante General de la Fuerza Armada.

Es evidente también que el FMLN y otros grupos sociales deben pedir perdón por los delitos cometidos o por lo que callaron o avalaron de brutalidad durante la guerra. Sin embargo, es sumamente importante que las peticiones de perdón no se conviertan en un nuevo manto protector de la impunidad. Pedir perdón exige el conocimiento y reconocimiento de la verdad. Y así como el Estado debe favorecer el acceso y reconocimiento de la verdad, también el FMLN y otros sectores involucrados en el conflicto deben favorecer los reclamos de las víctimas que piden saber sobre sus deudos desaparecidos, asesinados o enterrados en lugares desconocidos.

A este respecto, hay que insistir en dos observaciones al discurso presidencial. Su petición de perdón no puede interpretarse como un cierre automático de heridas, sino como un proceso de establecimiento de la verdad y un camino de reconciliación. Es ciertamente un paso, pero dentro de un caminar donde el protagonismo lo tienen que tener las víctimas. Y en ese contexto tenemos que añadir que en la comisión estatal de reconciliación que menciona el discurso falta la representación de las víctimas y sobra la presencia del Ministro de Defensa. Al Ministro de Defensa, al menos mientras sea un general en activo y no un civil, se le podrá llamar para que dé informes a la comisión de reconciliación; pero no es justo que un representante del Ejército, que fue el brazo estatal más significativo en la violación grave de derechos humanos, esté en una comisión estatal orientada a la reconciliación en la que no están presentes las víctimas.

El Presidente ha dado un paso importante. La paz se reafirma con el reconocimiento de los graves errores del pasado y con medidas concretas frente a ellos. Y los Acuerdos de Paz se complementan con decisiones y acciones que promuevan la justicia en todos sus aspectos. Justicia restaurativa para el ayer y justicia social para el presente. Y en el presente bueno será que empiece a funcionar con mayor agilidad y seriedad el Consejo Económico y Social, establecido desde agosto del año pasado.