El 2 de septiembre, el jefe de la Unidad de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), Igor Paunovic, expuso en San Salvador la "Agenda de desarrollo para el istmo centroamericano para el Siglo XXI", precisamente a pocos días de la conformación del Consejo Económico y Social. La presentación resulta de especial interés, porque algunos puntos del diagnóstico y de las propuestas pueden servir de base para lograr un consenso mínimo en la formulación de políticas públicas en el seno del Consejo, sobre todo en temas tan espinosos como la tributación.
Específicamente, en materia de finanzas públicas, la Cepal plantea los retos fiscales de mejorar la administración tributaria, encontrar nuevas fuentes de ingreso, revisar los efectos de las exoneraciones y exenciones, y mejorar la equidad horizontal y vertical del sistema tributario. De la misma forma, mejorar la focalización del gasto y la provisión de servicios públicos, fortalecer el manejo contracíclico y avanzar hacia un nuevo pacto fiscal
Ciertamente, la actual administración pública ha dado pasos para afrontar algunos de esos desafíos. En primer término, la política fiscal se ha orientado a compensar la disminución de los ingresos, garantizar el financiamiento del Estado y la ejecución contracíclica de los recursos. Asimismo, el plan anticrisis busca mejorar los ingresos, el uso eficiente del gasto y la focalización de los subsidios.
En perspectiva, el gran reto inmediato para el Ejecutivo y el Consejo es alcanzar un acuerdo o pacto fiscal. Después de 20 años de una reforma tributaria sesgada en privilegio de los grandes contribuyentes, el tema de la tributación progresiva ha sido considerado un tabú por los grupos económicos dominantes. Por ello, es probable que el Consejo Económicos y Social pueda entrar en una situación de impasse en torno al tema de los impuestos a la renta y al patrimonio. El interés nacional demanda que el Consejo no se convierta en una instancia de representación y negociación de intereses particulares.
Por otra parte, la política fiscal descansa en una redefinición del rol del Estado. Estos desafíos — así como los principales retos en los planos económico, social y político— no se pueden encarar adecuadamente en el marco de un Estado subsidiario, porque la evidencia histórica ha dado sobradas muestras de que el modelo neoliberal está en crisis. Por ello, la Cepal va más allá al señalar la necesidad, primero, de establecer un pacto social en orden a disminuir la desigualdad —de suyo el desafío más apremiante para nuestros países— y, segundo, en el plano político, el fortalecimiento de un Estado de derecho.
En suma, se perfila el rescate de la política fiscal como un instrumento efectivo para mejorar la equidad distributiva, amplificando su impacto positivo en el nivel de desarrollo humano de la población tradicionalmente excluida de bienes públicos, como salud y educación. Finalmente, en el fondo, también se presenta la oportunidad de trabajar simultáneamente en dos aspectos ausentes en la gestión pública de las últimas dos décadas: forjar una visión de desarrollo nacional a largo plazo y una institucionalidad democrática.