Transparencia y control ciudadano

La denuncia por el oscuro manejo de los fondos destinados a la construcción del bulevar Diego de Holguín y las investigaciones por corrupción en la reconstrucción del Hospital de Maternidad, en el Seguro Social y en el Banco Multisectorial de Inversiones demuestran que es necesario que la población acceda a la información pública. Abrirle las puertas y los archivos de las instituciones estatales al ciudadano o ciudadana no solo fortalece la democracia; también es una buena medicina contra la corrupción. Que se promuevan juicios contra quienes tomaron como propios los fondos nacionales es positivo, pero no es suficiente.

Al respecto, el presidente Funes dijo: "No sólo estamos trabajando para combatir, sino evitar que las prácticas corruptas del pasado se sigan repitiendo en mi gobierno". La mejor forma de hacerlo es siendo transparentes y permitiendo el control ciudadano. Por eso, no es lógica la postura gubernamental ante la ley de acceso a la información pública y transparencia. Por petición del Ejecutivo, la aprobación de esta normativa se atrasó ya dos meses. En ese tiempo, la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción realizó una consulta en la que se podía participar vía Internet.

Pasó el tiempo solicitado y la propuesta con la que aparecen lejos de ampliar la información que la población podría consultar, la disminuye sensiblemente. El Ejecutivo propone que la información sobre las políticas públicas y el manejo de la economía sea reservada. Algo que entra en contradicción con el precepto de máxima publicidad que debe regir todas las actuaciones estatales.

El cuarto principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental y sólo admite limitaciones excepcionales cuando se desea garantizar la seguridad nacional. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también agrega otros criterios de restricción, como la salud, la moral y los derechos o reputación de los demás.

Ninguna de las dos restricciones propuestas por el Ejecutivo tiene razón de ser. El argumento gubernamental para reservar información es que quieren evitar "presiones". Sin embargo, las autoridades deben tener claro que el problema no son las presiones —pues estas siempre existirán—, sino a cuáles se cede: ¿a las de la población? ¿a las de determinados grupos económicos o políticos? ¿Por qué quieren ocultar el proceso? ¿Para que no se sepa a quién se beneficia?

Respecto a las decisiones económicas, afirman que quieren evitar la especulación. Nuevamente, la clave en esto no está en la información que se dé o se deje de dar, sino en si funciona o no la institucionalidad ¿Acaso no hay una Superintendencia de Competencia y un Ministerio de Economía que deberían castigar a los especuladores?

Como afirma la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, debe quedar claro que "lainformación de interés público le pertenece a las personas, que el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del Gobiernoy que la posibilidad de reservar la información o no dispensarla es verdaderamente excepcional".

Es fundamental evitar que la corrupción quede impune, y por eso debe presentarse a los tribunales la información necesaria para procesar a los corruptos; eso hay que aplaudirlo. Pero también es necesario evitar que esto ocurra otra vez, y para eso hay que permitir el control ciudadano y el acceso a la información.