Un sistema político viciado

Desde hace varios años, diferentes actores nacionales han demandado reformas al sistema político salvadoreño. Se habla de falta de credibilidad, de divorcio entre electores y elegidos, de corrupción y de partidocracia. Esos vicios han minado la institucionalidad y la capacidad del Estado para dar respuesta a la ciudadanía.

Ninguno de estos señalamientos está alejado de la realidad. Si se toma a la Asamblea Legislativa como muestra, se encontrarán varios ejemplos. Siempre se ha dicho que las y los diputados se reparten el derecho a nombrar titulares de las instituciones públicas: Fiscal General, procuradores General y de Derechos Humanos, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Nacional de la Judicatura, y Presidente de la Corte de Cuentas.

También hubo en anteriores legislaturas diputados relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Además de uno que en estado de ebriedad disparó contra una agente policial y continúa sentado en un curul como si nada hubiera ocurrido. Igual sucedió con otro que hizo gala de su machismo y declaró a una periodista que las mujeres no deberían salir de sus casas, pese a que la discriminación es reconocida como una violación a los derechos humanos.

Y, finalmente, está el problema de la representatividad y la partidocracia. En El Salvador no se puede acceder a ningún cargo público si no es mediante un partido político. Los partidos son los que postulan, y por eso, obviamente, hay compromisos con las cúpulas o los grupos con poder que están tras estas.

La reciente división en Arena refleja la existencia de este poder tras el trono. Al margen de las valoraciones políticas y de las posibles motivaciones que llevaron a doce diputados a separarse de la fracción y tomar su camino, hay declaraciones que confirman lo que en otras oportunidades se ha dicho: los diputados no toman las decisiones, sino las dirigencias de sus partidos.

Es revelador que aparezca ahora el diputado arenero Mario Tenorio diciendo que han dejado claro que "sólo en aquellos casos en que se pueda beneficiar a la mayoría de la población" existe la posibilidad de que voten de manera diferenciada. ¿Quiere decir que hubo veces que votaron por una decisión a sabiendas que no beneficiaba a la mayoría? ¿Es esto un reconocimiento de que representan intereses de grupo y no de país? Parece que sí.

Además, que Guillermo Gallegos, otro de los diputados que se han separado, diga que el Presupuesto y la elección del Procurador o Procuradora General son los temas en los que pueden votar de manera diferente refleja que estas decisiones han sido utilizadas para transar, como ha ocurrido siempre pero sin que nadie lo acepte.

Todo esto confirma que hay un divorcio entre electores y elegidos, que las dirigencias partidarias y los grupos de poder son los que toman decisiones, y que es urgente una reforma al sistema político. El problema es que esta debe pasar por la Asamblea Legislativa.