A merced de la arbitrariedad gubernamental

Recientemente, las reconocidas organizaciones defensoras de derechos humanos Human Rights Watch y Cristosal publicaron un extenso y detallado informe sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país durante el régimen de excepción. El título del informe, “Podemos detener a quien queramos”, resume a la perfección tanto el contenido del documento como la arbitrariedad con la que hoy actúa el Estado y la indefensión ciudadana ante ello.

El informe señala y documenta “abusos que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos en prisión, así como violaciones graves del debido proceso”, y además “varias muertes ocurridas bajo custodia policial en circunstancias que sugieren responsabilidad del Estado”. A partir de lo cual concluye que “las violaciones de derechos humanos no fueron casos aislados o excesos de agentes insubordinados de las fuerzas de seguridad. Por el contrario, tanto soldados como policías cometieron abusos similares en forma reiterada en todo el país durante un período de varios meses”, siendo alentados por las jefaturas policiales y funcionarios de alto nivel.

El documento muestra que las continuas violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción, junto a otras medidas que tienen por objetivo ejercer un mayor control sobre la población, limitar el derecho a la libertad de expresión y anular en la práctica el acceso a la información sobre la gestión pública, responden a una estrategia gubernamental bien definida, que ha sido apoyada incondicionalmente por los legisladores de Nuevas Ideas y sus aliados de GANA y del PCN. Es la estrategia de desmantelar el Estado de derecho para sustituirlo por un Estado policial que ejerza un férreo control sobre la población.

Esa estrategia demandó acabar con la separación de poderes estatales (en especial, cooptar el órgano judicial). El proceso inició el 1 de junio de 2021, con la llegada de Nuevas Ideas a la Asamblea Legislativa y la conformación de una mayoría cualificada liderada por ese partido. Nuevas Ideas y sus aliados actúan en la Asamblea como simple caja de resonancia de los deseos y proyectos del Ejecutivo, aprobando sin discusión ni análisis todas las propuestas que llegan de Casa Presidencial.

Los legisladores han irrespetado en no pocas ocasiones la Constitución, siendo uno de los casos más claros la destitución del fiscal general y de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, han modificado leyes para poder trasladar, destituir y nombrar a jueces y fiscales, y así asegurar el apoyo del órgano judicial a las medidas que abonan a la consolidación de una dictadura. Han aprobado y reformado normativas orientadas a legalizar el control sobre la población, intervenir las comunicaciones, permitir la detención indefinida, dar valor de prueba a acusaciones anónimas y encarcelar a niños y niñas a partir de los 12 años, limitando de este modo los derechos constitucionales y dejando en la más absoluta desprotección a la ciudadanía. Nuevas Ideas y sus aliados han dado carta de legalidad a lo extremadamente perverso.

Con el pretexto de proteger a la población de las pandillas, se avanza día a día hacia un nuevo régimen político. Gracias a la intensa propaganda gubernamental y la ciega admiración al presidente de la República, gran parte de la población no percibe el enorme peligro que supone para el bienestar y la seguridad de todos no contar con un sistema judicial independiente que garantice los derechos humanos y proteja de los abusos de las fuerzas de seguridad y de los funcionarios del Estado.