Atisbo de justicia

En El Salvador, la prescripción del delito es uno de los recursos preferidos para dejar en la impunidad a personas vinculadas con los grupos de poder. Si bien la definición de un plazo razonable de prescripción es una necesidad, en un país como el nuestro, en el que la justicia se caracteriza por su escasa independencia y excesiva lentitud, dicho plazo debería superar los 10 años, en particular para los actos de corrupción y aquellos delitos perpetrados por personas que pueden utilizar su influencia económica, social o política para que sus acciones no tengan castigo.

En el caso de la malversación de los fondos entregados por Taiwán al Gobierno de Francisco Flores para los damnificados de los terremotos de 2001, hubo que esperar hasta 2014 para que una institución del Estado tomara cartas en el asunto. Si bien Flores fue acusado de peculado por el desvío de dichos fondos, el juicio no llegó a término debido a la muerte del exmandatario. Y nadie más fue acusado, pese a que había indicios suficientes sobre la transferencia del dinero hacia el partido Arena. Desde que se cometió el delito, en los años 2003 y 2004, hasta la fecha en que prescribió, en abril de 2014, pasaron por la Fiscalía General de la República cinco fiscales; ninguno de ellos cumplió con su deber de abrir investigaciones, todos dejaron pasar el tiempo para proteger a los miembros de Arena vinculados al hecho.

El fiscal general que de forma más evidente favoreció a los implicados en la operación de lavado del dinero taiwanés fue Luis Martínez. Durante su gestión, el caso ya era de dominio público, por lo que tuvo tres meses para presentar la acusación correspondiente antes de que se cumplieran los 10 años que define la ley para la prescripción de este tipo de delitos. La negligencia que mostró Martínez tuvo como único objetivo proteger al expresidente Antonio Saca y a Arena, principales beneficiarios directos de este acto de corrupción.

Fue Douglas Meléndez, el sucesor de Martínez, quien inició el proceso contra cinco prominentes miembros de Arena, acusados de organizar y ejecutar el plan para que los fondos de Taiwán le sirvieran al partido para financiar la campaña electoral que llevó a la Presidencia de la República a Antonio Saca. Pero cuando Meléndez presentó la acusación, ya era demasiado tarde; el período para perseguir ese delito ya había prescrito. Eso es lo que ha decidido la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador al otorgar el sobreseimiento definitivo a cuatro de los acusados y exonerar a Francisco Flores por doble juzgamiento.

Sin embargo, no todo está perdido, pues la Cámara establece en su resolución que Arena recibió los fondos de Taiwán, que el partido fue utilizado para llevar a cabo las conductas delictivas y que se benefició económicamente de las sumas de dinero que introdujeron en sus cuentas. Por ello, la Cámara señala que es necesario dilucidar la responsabilidad civil tanto de los particulares como del instituto político. Así, por primera vez en este proceso, Arena es señalado como participante directo del mismo, lo cual indica que la justicia comienza a tomar distancia de la política y a actuar de forma más independiente.

Si queda algo de ética en Arena, si en verdad desea recuperar la credibilidad y la confianza de la población, bien harían las autoridades del partido en reconocer sus yerros y devolver al Estado los fondos ilegalmente recibidos para que sirvan a sus legítimos beneficiarios: proyectos sociales para combatir la pobreza, viviendas a los damnificados de los terremotos, obras de mitigación en zonas de alto riesgo, pequeños proyectos para el desarrollo económico y social, entre otros. Si robar es siempre un delito, robar a los pobres es un pecado mayor. Y eso no prescribe.