Cambios que generan dudas

El elevado índice de victimización, la alta tasa de homicidios, la delincuencia común y de las pandillas, la creciente presencia del crimen organizado... todo contribuye a que la población no solo se sienta insegura, sino a que en realidad lo esté. Y esto preocupa aún más cuando se constata que la seguridad pública se está manejando de manera improvisada y poco racional. Si en un primer momento fue motivo de satisfacción que el presidente Funes y los implicados acataran la sentencia de la Sala de lo Constitucional, separando inmediatamente de sus puestos a los generales en retiro David Munguía Payés y Francisco Salinas, las nuevas funciones que se les han asignado a ambos generan inquietud.

Munguía Payés ha sido nombrado asesor del presidente en materia de seguridad, mientras que Salinas, jefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Si bien ambos nombramientos son cuestionables, destaca la llegada de un exmilitar a la dirección del OIE. El Organismo fue creado por los Acuerdos de Paz, y en ellos consta claramente que debe estar bajo la autoridad del Presidente de la República y dirigido por un civil. En 2001, se aprobó la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado, en la que se ratifica su carácter civil. Designar a un militar retirado al frente del OIE no solo puede ser incompatible con los Acuerdos, sino también con el carácter civil de la institución. Por ende, se corre el riesgo de que la constitucionalidad de este nombramiento también sea cuestionada.

Si otorgarle el cargo de asesor presidencial a Munguía Payés puede entenderse como un modo de agradecerle los servicios prestados, en el caso de la dirección del OIE, la cuestión se complica por la importancia capital del Organismo para el combate del crimen. Y las dudas crecen ante los cambios que se están implementando en la PNC. En el contexto de la reciente llegada de un director de la Policía con poco conocimiento de la institución, se nombra como su asesor al comisionado Douglas García Funes, con gran experiencia y conocimiento de las pandillas (dirigió durante dos años el Centro Antipandillas Transnacional), pero que fue objeto de investigación por sus presuntos nexos con el narcotráfico, sin que se aclarara debidamente cómo la Inspectoría General de la PNC definió el sobreseimiento de su caso.

El nombramiento de García Funes bien podría interpretarse como una forma elegante de apartarlo del accionar directo de la Policía. Pero dado que el nuevo director de la institución tiene poco conocimiento y experiencia, no es descabellado pensar que en la práctica se está poniendo buena parte del control de la PNC en manos del asesor, lo cual, por la trayectoria de García Funes, no sería conveniente. Por otro lado, si los cambios buscan fortalecer al ente policial, sorprende que se haya separado de este a los comisionados Howard Cotto y Roberto Villalobos, dos elementos con larga trayectoria y que se han distinguido por su profesionalismo y honradez.

Ambos han sido designados en comisión de servicio en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Sin embargo, el posterior nombramiento de Cotto como director ejecutivo de la Comisión Nacional Antidrogas podría ser una señal de que las nuevas autoridades se están tomado en serio la lucha contra el narcotráfico y de que quieren poner al frente de ella a personas de probada reputación. Prescindir de dos comisionados bien preparados y cualificados, que han mostrado un gran compromiso con la institución y que sin duda la han fortalecido y le han aportado credibilidad, sería razonable solo si con ello se está buscando fortalecer las capacidades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para enfrentar al crimen organizado.

Ojalá que los cambios de autoridades del Ministerio y de la PNC sean para bien y abonen a la eficacia tanto de las políticas de seguridad pública como de la operatividad de la Policía. Y, más importante aún, ojalá que la voluntad de un cambio positivo se demuestre con nuevas decisiones y acciones, como, por ejemplo, la depuración de los policías que colaboran con los criminales. El peso de la delincuencia en nuestra sociedad obliga a abandonar la improvisación, a fortalecer tanto el combate del crimen como su prevención con estrategias bien pensadas y consistentes, que marquen un rumbo claro y bien definido.