Déficit de honestidad

Cuando hay déficit de honestidad y de ética, es usual culpar a otros cuando las cosas van mal y atribuirse el mérito de logros ajenos. Aunque esta práctica se da en muy diversas facetas de la sociedad, los políticos la han convertido en su rutina diaria. Pero tarde o temprano las cosas caen por su peso. En política, el afán de apropiarse de éxitos de otros y culpar de las consecuencias de errores propios a terceros es un hábito cada vez menos efectivo ante el auge de las redes sociales y el papel que estas juegan desenmascarando mentiras y quebrando versiones oficiales.

Para la crisis social y política que recientemente sacudió a Ecuador, el presidente, Lenín Moreno, acusó a Venezuela de ser el promotor de las protestas que sitiaron Quito y obligaron al Gobierno a trasladarse temporalmente a Guayaquil. En los mismos términos se pronunció el presidente chileno, Sebastián Piñera, al principio de la convulsión social que vive su país. En nuestra tierra, el manejo gubernamental de la noticia sobre la supuesta “extensión” del TPS ha terminado haciendo agua. En primer lugar, aparte de que en realidad no implica una renovación del estatuto, la decisión del Gobierno de Trump no solo beneficia a salvadoreños que residen en Estados Unidos, sino también a hondureños, nicaragüenses, haitianos, nepalíes y sudaneses. Además, la cuestión plantea la pregunta de si la prórroga para la liquidación definitiva del programa fue, tal como se quiso hacer ve, mérito de Nayib Bukele. Si así fuese, los homólogos de Bukele en Honduras y Nicaragua podrían decir lo mismo, con la diferencia de que no tendrían mayor argumento para sostener la afirmación.

La verdad es otra: tal como indicó en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la prórroga se implementó para cumplir órdenes judiciales de cortes de California y Nueva York, por demandas contra la decisión de cancelar el programa temporal. El plan de Trump era y sigue siendo repatriar a los más de 400 mil beneficiarios del TPS originarios de los seis países en mención. La prórroga, pues, no es un acto de reciprocidad por el buen comportamiento del Gobierno salvadoreño, sino que obedece a factores que frenan la voluntad del presidente republicano. A lo sumo, lo que se podría atribuir a la actitud de Bukele con la administración de Trump es que los salvadoreños tendrán un año más para regresar al país luego de que se resuelvan las demandas en los tribunales, un beneficio que no ha sido anunciado para otros. En todo caso, el “premio” es nimio ante el acto de ceder soberanía para alinearse con las políticas antiinmigrantes de Estados Unidos.

En la misma línea se puede abordar el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Más allá de si se está o no de acuerdo con esta decisión diplomática, la lógica obliga a plantearse algunas preguntas. Si el principal argumento para expulsar a los diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro es que el Gobierno salvadoreño “no reconoce su legitimidad como presidente”, por coherencia tendría que hacer lo mismo con los representantes de los Gobiernos hondureño y nicaragüense. En abril de este año, Bukele publicó este tuit: “¿Cuál es la diferencia entre Hernández y Ortega? Uno se dice de derecha, el otro de izquierda. Pero la realidad es que ambos están en el poder a la fuerza, a costa de muchos muertos y sin legitimidad democrática”. Si eso es así, ¿también los desconocerá como presidentes? ¿O es que no lo hace porque, de momento, ambos le tienen sin cuidado al Gobierno de Trump?