Entender el año nuevo como novedad implica asumirlo como proyecto y formular propuestas. El papa Francisco, en su mensaje de la paz del 1 de enero, después de insistir en la obligación cristiana de combatir la injusticia, lanzó tres propuestas de alcance mundial: la condonación de la deuda de los países pobres y con pocos recursos, la eliminación mundial de la pena de muerte y la creación de un fondo solidario construido mediante la imposición de un porcentaje fijo a los presupuestos militares. La condonación de la deuda la considera un acto de justicia solo condicionable a la protección del medioambiente en los países que apliquen a ella. La eliminación de la pena de muerte la ve como un compromiso con la vida y como expresión de la confianza en que toda persona puede cambiar y rehabilitarse. Y el porcentaje sobre el gasto militar lo concibe como una forma de priorizar el desarrollo humano sobre la confrontación y las guerras. Sobre este último punto, vale la pena señalar que el 5% de la suma de los gastos militares de los diez países que mayor presupuesto dedicaron al rubro en 2023 asciende a 70 mil millones de dólares.
Por la dimensión mundial de su misión y su servicio, el papa plantea sus propuesta a nivel global, pero toda persona e institución, desde las empresas hasta los gobiernos, debe plantearse opciones solidarias. Más allá de los deseos de obtener un buen trabajo, o acrecentar las ganancias empresariales, o mantener la aceptación política de la ciudadanía, es necesario formular objetivos que apunten a la mejora de la convivencia social y el desarrollo humano. Si eso falta, ni la propaganda, ni las regalías, ni los discursos tienen auténtico valor moral. De cara a la realidad de El Salvador, son tareas básicas invertir más en la gente, disminuir el cada vez más abultado gasto militar, suspender de una vez el régimen de excepción y revisar toda situación reñida con los derechos humanos y con la ley.
Si bien hay paz social y mayor inversión en infraestructura, la disminución presupuestaria en educación y salud, el incumplimiento de la revisión del salario mínimo y la eliminación de personal en servicios básicos para la gente son hechos injustos y ofensivos para la legítima aspiración ciudadana de desarrollo. El respeto a los derechos humanos es indispensable para fortalecer la seguridad de la que hoy se goza. Si las propuestas del papa de crear un fondo solidario y condonar la deuda se llevaran a cabo, El Salvador difícilmente sería candidato a aplicar a ellas. La nueva ley de minería, promovida por Nayib Bukele sin importar el sentir de la población, va en contra de programas que buscan tanto el desarrollo humano como la protección del medioambiente.
El nuestro es un país vulnerable. A las recurrentes inundaciones y deslaves se sumarán las sequías propias del cambio climático. Además, de no tomarse las acciones requeridas, de insistir en el abandono de los planes de prevención y gestión del riesgo, un futuro terremoto podría implicar un serio retroceso en el proceso de desarrollo nacional. Y aunque se haya crecido en paz social, en el ambiente social y político se promueve la falta de transparencia; y en las redes, el odio y la crispación. La militarización de la seguridad ciudadana no es de buen augurio, como tampoco la forma autoritaria de gobernar. La percepción de corrupción continúa siendo alta. Y la falta de soberanía alimentaria abre la puerta a crisis serias. Programar el desarrollo de un modo abierto, transparente y evaluable; avanzar en el respeto a los derechos humanos; planificar la erradicación de la pobreza y la disminución de la desigualdad son necesidades de toda sociedad que desea estabilidad, paz y justicia. 2025 será realmente nuevo solo si se inician cambios en las actitudes poco dialogantes y autoritarias, y se emprende proyectos que tiendan al bien de las mayorías.