Hacia un Estado policial

No solo sería interesante, sino necesario y un acto de honestidad con la población que el Gobierno de Bukele dijera con claridad hacia dónde pretende llevar a El Salvador. Cuarenta meses después de llegar a la Presidencia de la República, el presidente no ha presentado un proyecto de país que permita dar certeza de qué busca lograr con sus acciones. Ante ese vacío, no queda otra alternativa que intentar deducirlo a partir de las obras, aplicando la máxima evangélica de “por sus obras los conocerán”.

En los últimos meses, las principales decisiones del Ejecutivo y el legislativo muestran que el país va en una dirección bien concreta. Tanto la decisión de aprobar y mantener un régimen de excepción como las reformas legales encaminadas a restringir derechos constitucionales apuntan claramente a que se está imponiendo un Estado policial, entendido como aquel que busca tener un estricto control sobre toda la población, particularmente a través de la supresión de las libertades civiles y los derechos ciudadanos, ya sea mediante una fuerza de seguridad no civil o un gran despliegue de mecanismos de vigilancia, o una combinación de ambos. En un Estado policial, los cuerpos que realizan funciones de seguridad son omnipotentes y omnipresentes, mientras que el individuo está desprotegido frente al poder y sus abusos. El Estado policial es lo contrario a un Estado de derecho.

La Constitución de la República, en los artículos del primero al vigésimo octavo, le otorga a la población una serie de derechos que solo pueden ser restringidos de manera excepcional y sin afectar el ejercicio de sus libertades y la protección de su privacidad. En este sentido, la posibilidad de detener a una persona por tiempo indefinido sin motivo ni evidencia de que haya infringido la ley, sin que medie orden judicial y sin investigación policial seria es la prueba más evidente de que la ciudadanía ha perdido las garantías constitucionales, quedando a merced de la arbitrariedad de las autoridades.

No satisfecho con ello, el régimen sigue presentando y aprobando, sin análisis ni debate, medidas orientadas a que el Estado pueda ejercer un mayor y más férreo control sobre la población. Las reformas aprobadas por el oficialismo a la ley de telecomunicaciones y a la ley contra el crimen organizado son los ejemplos más recientes. Ahora todas las comunicaciones podrán ser intervenidas y controladas sin necesidad de orden judicial. El Estado tendrá acceso a la correspondencia ordinaria y electrónica, a las llamadas telefónicas, a todo lo que se escriba, hable o postee a través de las redes sociales, en plena contradicción con, entre otros, el artículo 24 de la Constitución, que prohíbe la interferencia y la intervención de las comunicaciones telefónicas.

Si El Salvador contara con una Sala Constitucional independiente, con seguridad estas reformas serían declaradas inconstitucionales, pues niegan las garantías que la Carta Magna da al pueblo salvadoreño y la convierten en letra muerta.