La opinión pública ante los Acuerdos

En cualquier acontecimiento trascendental para el país no se puede dejar a un lado la opinión de la gente. Es por ello que el IUDOP dio a conocer lo que piensan los salvadoreños ante el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz. Y lo que salta a la vista es que la opinión de los ciudadanos es muy distinta a la de los analistas, los políticos y los firmantes de los Acuerdos. Esto debe hacernos reflexionar y buscar las explicaciones pertinentes.

La primera diferencia la encontramos en la opinión que unos y otros tienen sobre el cumplimiento de los acuerdos firmados en Chapultepec el 16 de enero de 1992. Para la gran mayoría de la población salvadoreña, los Acuerdos de Paz no se han cumplido a cabalidad. Uno de cada dos (el 50.9%) opina que se han cumplido poco o nada; mientras que solo uno de cada cinco (el 19.2%) considera que se han cumplido mucho. En contraste, casi todos los analistas afirman que los Acuerdos de Paz fueron un éxito y que se cumplieron en gran medida.

Para entender estas diferencias es útil conocer otros datos que arrojan las encuestas del IUDOP. Cuando en octubre de 1991, mes en que se estaban realizando las negociaciones finales para la paz, se preguntó qué era lo más importante que el diálogo debía resolver, el 30% de los encuestados respondió que las reformas económicas, y esta fue la respuesta mayoritaria. Le seguían en orden la reducción y depuración de la Fuerza Armada (23.7%) y la inserción del FMLN a la sociedad civil (16.7%); el resto de respuestas no llegaron al 5%. Por tanto, dado que la reforma económica fue uno de los puntos más débiles de los Acuerdos y en el que apenas hubo avances posteriormente, es muy lógico que por ello la población perciba que estos se cumplieron poco o nada. Esta percepción se entiende aún más al ver lo que opinan los salvadoreños sobre la disminución de la pobreza en el país a lo largo de los 20 años de la postguerra: apenas un 28.8% cree que disminuyó algo o mucho, frente a un 71.2% que opina que se redujo muy poco o nada.

Por otra parte, en los Acuerdos se pactó la transformación del sistema judicial, se abrió la puerta para su independencia del Ejecutivo y se le confió la tarea de acabar con la impunidad y hacer justicia ante los casos de graves violaciones a los derechos humanos. Al consultar a la población, el 68.1% considera que la justicia ha mejorado muy poco o nada, y solo el 31.9% considera que ha mejorado algo o mucho. Además, pese a que el 73.1% de los salvadoreños está de acuerdo en que se investiguen las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra, nada se ha avanzado al respecto. Y esto, junto al hecho de que un 57.2% está poco o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia, también contribuye a explicar la opinión mayoritaria de la población sobre el no cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

La mayoría de los salvadoreños opina, pues, que los Acuerdos no nos dejaron un mejor país, y esta percepción se ha ido confirmando a lo largo de los años. Mientras en 2001, en el décimo aniversario de la firma de la paz, el 54.2% pensaba que el país estaba mejor que antes del fin de la guerra, en 2011 solo el 34.8% opinaba lo mismo. No obstante, ello no significa que la población responsabilice a los Acuerdos del empeoramiento de la situación nacional, pero sí muestra que no se cumplieron todas sus expectativas sobre la mejora del país que sobrevendría con el cese del enfrentamiento armado. Para la población, lo que sí ha mejorado efectivamente ha sido el respeto a los derechos humanos y a la libertad (en especial, a la libertad de expresión). Y las causas por las que el país está peor son los mismos problemas que por décadas la gente ha resentido: la delincuencia y la violencia, y una economía que está igual o peor.

Es importante escuchar a la población y tratar de entender sus puntos de vista. Si la voluntad de paz del pueblo salvadoreño fue clave para poder alcanzar la firma de los Acuerdos, hoy hay que tener presente que la voluntad de la mayoría es construir un El Salvador seguro, en el que funcione la justicia, se acabe la impunidad y se ofrezca a los ciudadanos un trabajo decente que permita una vida digna para todos. Estos anhelos con contraparte de los grandes problemas que el país ha enfrentado en las últimas dos décadas. Por ello, en la solución de los mismos deberían centrarse los esfuerzos tanto del Estado como de la sociedad en general.