Obligación del Estado

Tras el escándalo desatado por recomendar una amnistía disimulada para los crímenes cometidos durante la guerra civil, la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa pasó su propuesta de ley a la Junta Directiva, proponiendo que sea la Comisión Política la que se encargue del tema. En realidad, la comisión ad hoc mostró a través de su trabajo una clara incapacidad de ser coherente con la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Y puso en evidencia la poca profesionalidad de la mayoría de los juristas que los políticos consideran prestigiosos. Excepto dos o tres que mostraron saber de qué hablaban, el resto de los juristas consultados por la comisión son personas respetables por su edad, pero no por su conocimiento de la doctrina internacional de los derechos humanos. Formados en la vieja escuela de un derecho literal y casuista, ignorantes del amplio desarrollo de los derechos humanos y acostumbrados a interpretar caprichosamente la racionalidad jurídica, se pusieron a sí mismos en ridículo y dejaron al país mal parado.

La propuesta de la comisión ad hoc provocó que la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, advirtiera al Estado salvadoreño de que “si esta ley se aprueba, se amnistiaría a responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, se vulneraría el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación, y eso sería un grave revés para El Salvador”. Y le recordó al país que “las amnistías para los delitos más serios, incluyendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, son contrarias a la ley internacional”. Por su parte, el relator especial de las Naciones Unidas para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición expresó “seria preocupación ante el intento de instaurar la posibilidad de una amnistía de facto, y de eliminación de la ejecución de la pena por serias violaciones a los de derechos humanos, al derecho internacional humanitario y crímenes de lesa humanidad”.

El Estado salvadoreño debe ser serio con sus compromisos internacionales. Es una vergüenza que diputados ignorantes de los derechos humanos, asesorados por profesionales con el mismo defecto, pretendan saltarse tanto la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía como una serie de instrumentos internacionales ratificados por El Salvador. Los tres poderes del Estado tienen la responsabilidad de cumplir las obligaciones internacionales. Si algún diputado quisiera actuar con ese propósito, le bastaría con leer las recomendaciones del relator especial de la ONU y levantar su voz en la Asamblea Legislativa. En el caso del Ejecutivo, seguramente hay asesores versados en tratados internacionales que podrían recomendar una posición pública clara en este punto. Y es sabido que en el órgano judicial hay personas que conocen adecuadamente el sistema jurídico de las Naciones Unidas y las correspondientes obligaciones del Estado salvadoreño.

El Ejército también debe ser serio y responsable ante el artículo 144 de la Constitución, que obliga a reconocer como leyes vigentes de la República los tratados internacionales suscritos por El Salvador. Afirmar públicamente, como lo ha hecho el Ministro de la Defensa Nacional refiriéndose a las masacres cometidas por la Fuerza Armada, que algunas de las barbaridades del pasado “se han convertido en leyenda” es intolerable, pues constituye una burla tanto a las víctimas como a la obligación de investigar crímenes de lesa humanidad. Lo único que en El Salvador debería ser un mito es la falta de justicia, la impunidad. El Estado tiene la obligación de lograrlo.