Oportunidad de oro

Al cargo de Fiscal General de la República la Constitución le asigna funciones tan importantes como defender los intereses del Estado y de la sociedad; promover la acción penal, de la cual tiene el ejercicio exclusivo; proteger la legalidad y dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil; representar al Estado en toda clase de juicios; y velar para que se cumplan los requisitos establecidos en las concesiones estatales. Estas tareas son esenciales para la buena marcha del país y para la seguridad de la ciudadanía, pues tienen que ver con la disuasión del crimen y la sanción del delito, el combate a la corrupción y la vigencia del Estado de derecho.

Como se sabe, la elección del Fiscal la realiza cada tres años la Asamblea Legislativa, que debe elegirlo por mayoría cualificada: al menos con 56 votos de los 84 posibles. Recientemente inició el proceso para la elección de quien fungirá como fiscal en los próximos tres años, puesto que el 3 de diciembre vence el mandato de Luis Martínez. Y pareciera que esta vez el interés por ostentar el cargo es mayor que en otras ocasiones: en total, son 73 las candidaturas aceptadas por la Asamblea. De entre las mismas tendrá que ser elegida la persona idónea para ejercer tan importante responsabilidad en estos duros tiempos de criminalidad y de impunidad, y también de gran descontento hacia la labor de la Fiscalía General de la República.

El Iudop ha dado seguimiento a la opinión de la ciudadanía sobre el trabajo de la Fiscalía y de quienes han estado al frente de la misma a lo largo de la última década. Y los datos muestran que, a juicio de la población, la institución y los sucesivos fiscales generales no han realizado una buena labor, no han logrado ganarse la confianza ni la aprobación de los salvadoreños. En ocho de los sondeos realizados a lo largo de los últimos diez años se muestra de manera muy consistente que apenas una cuarta parte de la gente manifiesta tener alguna o mucha confianza en la Fiscalía, mientras que tres de cuatro personas señalan tener ninguna o poca confianza en la institución.

Asimismo, el grueso de la población ha reprobado el desempeño de los distintos fiscales generales; ninguno de ellos obtuvo un porcentaje de satisfacción por su trabajo del más del 20.5%. Y en los años recientes, se le ha otorgado al Fiscal General una nota de 47.3 sobre 100 por su trabajo. Además, en la última década, un promedio del 61.7% de los encuestados considera que la Fiscalía no ha cumplido con su deber de procesar a los responsables de la delincuencia en El Salvador. Y en un estudio realizado en 2012 y 2013 entre las micro y pequeñas empresas, la evaluación fue aún más dura: el 64.75% de los encuestados se mostró poco o nada satisfecho con el desempeño de la Fiscalía General. En conclusión, el trabajo de la institución y de sus titulares ha sido tradicionalmente mal evaluado por la población, por lo que sus índices de confianza han estado por los suelos. Peor aún, la ciudadanía es consciente de que la poca efectividad de la Fiscalía se debe más a su interés en proteger a grupos poderosos que a la falta de recursos.

Estos datos deberían ser tomados en cuenta por la Asamblea Legislativa a la hora de elegir al nuevo Fiscal. La tarea no es fácil, pero ello no debe ser justificación para cometer los errores del pasado y terminar nombrando a alguien sin las capacidades y trayectoria necesarias para realizar el trabajo que el país necesita. Los diputados no deben perder de vista que el avance o el retroceso del sistema de justicia dependen en mucha medida de la decisión que tomen. La Asamblea Legislativa tiene, pues, la responsabilidad de elegir en función de la población que representa y del Estado al que debe fortalecer. Esos son los intereses superiores que deben prevalecer a la hora de decidir. Quien resulte nombrado deberá estar en total disposición de que su desempeño sea auditado y poseer la valentía e independencia requeridas para enfrentarse a los poderes visibles y ocultos que violentan la ley.

La elección debe realizarse a través de un proceso transparente, participativo e imparcial. Si la Asamblea Legislativa hace bien su trabajo, con el nombramiento dará respuesta a unas de las principales aflicciones de los salvadoreños: la inseguridad, producto de la delincuencia tanto común como organizada. Los legisladores tiene que ser conscientes también de algo sustancial para el presente y el porvenir nacional: tras tanto desencanto y frustración, una elección correcta le daría a la mayoría de la población, agobiada por la exclusión social y la violencia, razones para tener esperanza y participar en la construcción de un El Salvador distinto. Por el contrario, una componenda entre los partidos para elegir a un Fiscal General que proteja sus intereses y los de los grupos de poder económico que los apoyan sería una bofetada más a este pueblo, harto de tanto maltrato y cinismo.