Orden y ley

Frente a la historia de salvajismo del lejano oeste y la violenta apropiación de las tierras indígenas por parte de los blancos, ofrecer “orden y ley” pasó a ser parte del abecé político de Estados Unidos como una primera síntesis de las obligaciones estatales. La frase se extendió a nivel internacional y pasó a convertirse en una consigna de políticos conservadores, especialmente en países con desarrollo social. Y esto porque el orden y la ley no bastan para construir una convivencia ciudadana pacífica; hacen falta también las redes de protección social propias de los modernos Estados sociales y democráticos de derecho. En El Salvador, con sistemas deficientes y no universales de seguridad social, cualquier avance en orden, incluso sin ley, se vende como un avance hacia el desarrollo.

Recientemente se publicó un ranking internacional sobre la situación del Estado de derecho en 142 países. El Salvador se encuentra en la posición 111 y solo destaca positivamente en uno de los temas analizados: el orden y la seguridad en el país. Sin embargo, en términos de justicia penal, parte indispensable del mantenimiento del orden, el país aparece en los últimos puestos. En otras palabras, si bien el país disfruta de un mayor orden y tranquilidad a raíz de la disolución del poder de las pandillas, la justicia penal está por los suelos. La arbitrariedad, el maltrato, el debilitamiento del derecho a la defensa, las formas de reclusión semejantes a la desaparición forzada, el traspaso del castigo desde los detenidos hacia sus familiares por la falta de información de sus parientes y la imposibilidad de visitarlos han convertido a a la justicia penal en una farsa. Hay orden, sí, pero la ley es papel mojado.

El orden sin ley eficiente y respetuosa de los derechos ciudadanos no es bueno en el largo plazo, aunque en un primer momento pueda percibirse como ganancia ante una situación previa de desorden salvaje o brutal. Corregido el desorden y conseguida una mayor tranquilidad, corresponde ahora mejorar la situación de la ley. La vieja síntesis de orden y ley demanda suprimir la arbitrariedad de las detenciones, mejorar la capacidad de la Policía y aumentar su presencia en la sociedad, disminuir el peso del ejército en los temas de seguridad y garantizar el cumplimiento de derechos básicos como la detención con tiempos claramente delimitados, la presunción de inocencia y la vista familiar. Centrarse solo en el orden, despreciando y anulando los pequeños avances conseguidos en el campo de una legislación coherente con los derechos humanos, solamente conducirá a nuevos fracasos. La dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez construyó orden prescindiendo de una ley que protegiera a los ciudadanos. El experimento se tradujo en una dictadura y llevó a la muerte a decenas de miles de indígenas y campesinos. Para qué repetir esta historia.