Otro adelanto

Los hechos le están dando la razón al Ejecutivo: los Acuerdos de Paz son cuestión del pasado. Desde el fin del conflicto armado, el país avanzó tímidamente en el camino de la democratización, especialmente en lo que se refiere al modo en que se elige a los gobernantes. Desde entonces, nunca se había cuestionado tanto un proceso electoral. En cada elección hay irregularidades, pero el actual proceso es más cercano a los de la dictadura militar que a los de la etapa posconflicto armado. Antes de los recientes comicios legislativo y presidencial, se afirmó desde este espacio que el país se avocaba a las elecciones más controversiales de los últimos tiempos. Primero porque, después del general Hernández Martínez, nadie había pasado por encima de la Constitución para reelegirse. Segundo, porque por primera vez desde los Acuerdos de Paz habría elecciones en el marco de un régimen de excepción. Y tercero, porque se desarrolló una campaña electoral sin propuestas y la más desigual de las últimas décadas a favor del partido de gobierno. Por esas y otras razones el proceso electoral no cumplía con la integridad electoral propia de un régimen democrático.

Las elecciones del 4 de febrero fueron la cosecha de lo que el oficialismo sembró concienzudamente. En toda la jornada electoral hubo una serie de triquiñuelas y anomalías a favor del partido oficial, pero el mayor descalabro llegó a la hora del escrutinio. En los 12 años transcurridos desde que el país utiliza sistemas informáticos para procesar los resultados electorales, nunca se registraron fallas como las de esta ocasión. En este sentido, las elecciones del 4 de febrero representan un punto de quiebre en el desempeño del Tribunal Supremo Electoral. La caída del sistema, el desconocimiento del mismo por parte de los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos y la falta de materiales necesarios para el escrutinio, entre otros factores, hicieron imposible realizar el escrutinio preliminar. Después vino el bochornoso espectáculo del escrutinio final.

Todos los vicios históricos de la política salvadoreña acudieron a las mesas del Gimnasio Nacional. La masiva presencia de miembros y vigilantes del partido oficial; su actitud prepotente e intimidatoria contra los escasos representantes de otros partidos, contra la prensa y contra algunos observadores; la admisión de votos nulos como válidos; la multiplicación intencional de votos para el partido gobernante y la omisión de otros que favorecían a partidos de oposición; la evidente ausencia de imparcialidad; papeletas sin dobleces, otras marcadas con plumones... Todas las trampas del pasado afloraron en este escrutinio. La causa es clara: por incompetencia, negligencia o decisión, el Tribunal Supremo Electoral perdió el control del proceso en beneficio del partido de gobierno. Solo así se puede explicar todo lo que ha sucedido.

Es claro que con o sin irregularidades el ganador de la elección presidencial sería el mismo, pero es no aplica al voto por las diputaciones y sus distribuciones. Además, ante el jolgorio del oficialismo, toca recordar que la democracia es absolutamente incompatible con un régimen de partido hegemónico. Afirmar que el país será el único “plenamente democrático” con partido único es equivalente a mezclar agua y aceite. Lo que se acaba de ver en este proceso electoral es propio de regímenes totalitarios. Regímenes que no admiten oposición real ni una verdadera competencia electoral en igualdad de condiciones; que cambian las reglas del juego a su antojo para dañar a los adversarios; que utilizan la institucionalidad a su favor; que alteran la voluntad popular para aparentar más apoyo del que tienen. Lo visto es un nuevo adelanto de lo que está por venir.