Perversión del derecho

El derecho es indispensable para la vida en sociedad; de hecho, en las familias suele haber normas no escritas cuyo cumplimiento facilita la convivencia en armonía. Sin embargo, la práctica de algunos administradores de las leyes, jueces y abogados ha dado lugar a la conocida frase “hecha la ley, hecha la trampa”. En Centroamérica ha habido excelentes juristas, pero también los llamados “abogansters del dólar”: letrados de las compañías bananeras que hacían que las leyes dijeran lo que interesaba a sus patrones. Por algo se afirmaba en Honduras a inicios del siglo XX que era más barato un abogado que una buena mula. A lo largo de la historia centroamericana, los intereses privados de grupos poderosos han logrado con frecuencia arreglar y modificar normas y leyes a su antojo. Como resultado, los países del istmo, exceptuando Costa Rica, están a la cola del desarrollo en América Latina.

No siempre fue así. Hace 200 años, en este mismo mes de junio, se firmó la primera Constitución centroamericana. En ella se declaró la abolición de la esclavitud, mucho antes que en muchos países europeos, antes que en Estados Unidos, México y otras naciones latinoamericanas. En aquel entonces, había claridad en que las leyes debían beneficiar a todos, especialmente en temas relativos a la dignidad humana. Fue un salvadoreño, el diputado y presbítero José Simeón Cañas, el que propuso la abolición de la esclavitud e incluso ofreció su salario de diputado para cubrir los costos de la implementación de la ley.

Hoy en día, en El Salvador solo cabe sentir vergüenza al escuchar las respuestas que dan los candidatos a magistrado de la Corte Suprema de Justicia frente a las preguntas de los diputados, en especial cuando las interrogantes versan sobre el régimen de excepción. La tendencia es a ignorar los abusos señalados en múltiples denuncias públicas y a aceptar los juicios masivos, a pesar de la imposibilidad práctica de asegurar la defensa efectiva de los acusados. Incluso personas que tienen o han tenido serias responsabilidades en la defensa de los derechos humanos no tienen problema en silenciar los abusos con tal de llegar al honor, la comodidad y el salario de un magistrado de la Corte.

Los jueces deben ser lo suficientemente libres e independientes como para poder decidir si una ley de la Asamblea Legislativa se corresponde adecuadamente con los principios y normas constitucionales, pero lo que se observa en la práctica judicial actual es una degradación del derecho. Los jueces y magistrados, fuera de ajustar las decisiones y leyes políticas al derecho vigente, plegan el derecho a la voluntad del poder. De ahí que el país esté transitando hacia un régimen plenamente autoritario, justificado por un derecho que ha sido comprado mediante puestos que otorgan un salario elevado y honores cortesanos. “Vanidad de vanidades, y todo vanidad”, dice el Eclesiastés; una frase que casa perfecto a un mundo de abogados que prefieren olvidar los grandes valores inspiradores del derecho y de los derechos humanos.