Relato de hechos de una elección sin garantías

Como se fue constatando en los meses previos a los comicios del 4 de febrero, el proceso en marcha se ha caracterizado por la falta de la integridad electoral que garantiza que unas elecciones sean limpias, justas e imparciales. Entre otros factores, la campaña careció de la igualdad de condiciones requerida para que hubiese una verdadera competencia; del financiamiento público a los partidos políticos de oposición, estipulado tanto por la Constitución como por el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos; de la autonomía de la autoridad electoral; y de transparencia y rendición de cuentas de los gastos gubernamentales. Como han afirmado otras instancias que han dado seguimiento al proceso electoral, esta contienda se preparó con antelación para que beneficiara al partido de gobierno.

La jornada del 4 de febrero fue una prolongación de lo que se vivió durante la campaña electoral. La presencia del oficialismo dentro y fuera de los centros de votación fue abrumadora. Según reportes del asocio de observación electoral de la Universidad Don Bosco y Fundaungo, hubo presencia de miembro del partido oficial en el 97.3% de las JRV y de GANA en el 56.7%; en contraste, el resto de partidos tuvo una presencia de entre el 1.9% y el 40.8%. Por otra parte, la obstaculización sistemática del trabajo periodístico durante la jornada electoral (la Asociación de Periodistas de El Salvador registró y denunció 173 vulneraciones a periodistas) redujo la transparencia del proceso. Y en una nueva violación a la ley electoral, la publicidad televisiva del Gobierno siguió activa con absoluta impunidad incluso en el día de las elecciones.

A ese respecto, particularmente relevantes fueron tres hechos. En primer lugar, la conferencia de prensa desarrollada por el candidato inconstitucional cuando todavía se desarrollaba la votación (3:54 p.m.) y en la que llamó implícitamente a votar por su partido, irrespetando así el silencio electoral normado en el artículo 175 del Código Electoral. Segundo, la publicación en la televisión estatal, replicada después por otros medios de comunicación, de una encuesta a boca de urna cuando el Tribunal Supremo Electoral aún no anunciaba ningún resultado preliminar, violando el mismo artículo del Código. Y, en tercer lugar, la autoproclamación de Bukele como ganador sin tener más datos que los de la encuesta en mención.

Sin embargo, todo ello palideció ante la gravedad de lo sucedido a la hora del escrutinio en las JRV y de la transmisión de la información. De acuerdo a un reporte del consorcio Observa El Salvador 2024 (del que la UCA forma parte), en todos los centros de votación observados hubo problemas vinculados con el sistema de registro y la transmisión de los resultados. Entre otros factores que entorpecieron el escrutinio, se reportaron dificultades en la logística de entrega y manejo del equipo de transmisión, y falta de papel de seguridad para la impresión de actas. En diez centros de votación observados se constató que las cifras de la votación se multiplicaban al subirlas al sistema, una anomalía que quedó reflejada en los primeros resultados publicados por el TSE. Estos problemas provocaron que los integrantes de las JRV trabajaran en condiciones extenuantes y sumamente adversas.

Las deficiencias anteriores obligaron a que la autoridad electoral declarara fallido el escrutinio preliminar de las elecciones y diera paso al escrutinio final. Esta decisión del TSE es acertada, pero no disipa la obligación que el Tribunal tiene de aclarar diversas cuestiones. El principal activo de una autoridad electoral es la confianza ciudadana, y es precisamente ello lo que está en juego en estas elecciones. El TSE debe informar sobre cómo procederá contra los que violaron el silencio y la ley electoral de manera reiterada e impune antes y durante la jornada electoral. También debe explicar cuáles fueron las causas de las fallas en el proceso de registro y transmisión de los resultados.

Para evitar más especulaciones, el TSE debe informar con detalle y transparencia sobre el proceso y la metodología que empleará para la revisión de las actas y la apertura de urnas, y sobre cómo se custodiará el material electoral que contiene la evidencia sobre la voluntad de los electores manifestada en las urnas. Y es crucial que el Tribunal facilite la presencia de observadores nacionales e internacionales, y de medios de comunicación en el escrutinio final, a fin de garantizar la necesaria transparencia del conteo de votos.